Roberto Garduño y Enrique Méndez

La opacidad en el gasto del Congreso de la Unión prevalece, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que documentó cómo en el primer periodo de sesiones de la actual Legislatura –septiembre a diciembre de 2018– la Cámara de Diputados no comprobó el destino de 433 millones de pesos, y el Senado 109 millones de pesos por concepto de subvenciones.

Estos fondos se transfieren directamente a los coordinadores parlamentarios, quienes –como ocurría con el PRI cuando era mayoría– sólo firman de recibido y a partir de que los reciben la cámara se deslinda de su ejercicio. El Senado ofreció a la ASF que diseñará un mecanismo de comprobación, lo cual no ha ocurrido, dijo.

La ASF revisó el ejercicio del gasto ya con Morena como mayoría y concluyó que en San Lázaro prevalecen las mismas prácticas de opacidad que en el pasado y que los legisladores pagaron, con cargo al presupuesto, operaciones quirúrgicas personales, ganado bovino, botanas, pasteles, medicamentos, despensas, pintura e incluso colchones y almohadas.

Detectó que el Senado contrató 52 asesores bajo el régimen de honorarios, sin que contaran con experiencia o especialización, y 14 de ellos no contaban con título profesional. Encontró que se arregló un proceso de licitación para favorecer a un concesionario que vendió como nueva una camioneta usada, que se adecuó como estudio de televisión móvil del Canal del Congreso.

Subrayó que subsiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos relacionados con las actividades legislativas, y citó que el 17 de enero de 2019 envió un oficio a la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, para que entregara a cada bancada los resultados de la auditoría.

Ello, con el fin de que comprueben los apoyos y subvenciones con facturas y diseñen un sistema de contabilidad. Sin embargo, detalló, no se ha podido comprobar que las subvenciones se aplicaron para los fines que se otorgaron y recomendó acciones para la rendición de cuentas, ya que se ha reiterado la falta de esta documentación en revisiones anteriores.

También informó que diputados presentaron 272 facturas por 962 mil 100 pesos para justificar el pago de despensas, medicinas, pasteles, colchones… y que, cuando le precisó a la cámara que esos gastos no se justifican, ésta alegó que tampoco están prohibidos.

La cámara emitió nuevos lineamientos, pero agregó más conceptos de gasto no propios del trabajo de legislador, como pago de cirugías, compra de ganado y hasta gastos funerarios.

En el rubro de apoyo de transporte, diputados presentaron facturas por 1.3 millones de pesos por gastos como hospedaje, gasolina, arrendamiento de vehículos y medicamentos, e incluso la ASF pidió al Servicio de Administración Tributaria auditar a nueve empresas que emitieron facturas por 113 mil 900 pesos, que luego cancelaron.

Determinó además un probable daño a la hacienda pública por 539 mil pesos por la triangulación del pago de nueve empleados free lance de la Coordinación de Comunicación Social, de los que la ASF no encontró evidencia de que hayan prestado sus servicios en esa área.