Ana Langner

México debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas del orden, avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional (GN) como institución civil, resolver el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas de la guerra sucia, instó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU-DH).

El comité culminó la sexta evaluación periódica de México y entre los aspectos más preocupantes señaló la nueva política migratoria y las recurrentes denuncias de violaciones sufridas por personas en situación irregular.

Reportó que en la nueva política migratoria se recurre al uso generalizado de la detención y, muchas veces, al uso de la fuerza por agentes estatales.

También se dijo preocupado por la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes, que obligan a que los solicitantes de asilo en Estados Unidos permanezcan en territorio mexicano durante su periodo de trámite, y esto los expone a diferentes violaciones, incluyendo casos de secuestros y extorsión.

A ONU-DH le preocupan las altas y crecientes tasas de homicidios, los reportes sobre ejecuciones extrajudiciales y los índices de letalidad que se registran en el país.

Si bien valora lo expresado por la delegación mexicana acerca de que la GN es definida constitucionalmente como una institución de carácter civil, expresó su preocupación por el carácter militarizado de las fuerzas de orden en general, incluyendo la nuerva corporación, y por la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad pública.

Hizo un llamado urgente al Estado a redoblar esfuerzos para que se investiguen todos los crímenes violentos y otros delitos graves de manera pronta, exhaustiva e imparcial, incluyendo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El gobierno de México debe intensificar las acciones de reconocimiento de responsabilidad, conocimiento de la verdad, búsqueda de las personas desaparecidas, generación y conservación de la memoria y reparación integral de las víctimas de los delitos cometidos durante la llamada guerra sucia.

Este órgano de expertos independientes lamentó “el alto nivel de violencia –incluida la letal– e intimidación en contra de defensores de derechos humanos y periodistas”.

En este último punto, pidió fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y sus unidades estatales, con la asignación de recursos financieros y personal adecuados para su labor.

El próximo diálogo entre el comité y el Estado tendrá lugar en 2027 en Ginebra, aunque en 2025 será enviada la lista de cuestiones previa a la presentación de informes.

No obstante lo anterior, en dos años, es decir en 2021, México deberá rendir cuentas sobre tres puntos: derecho a la vida y la seguridad personal, impunidad, así como libertades de expresión y asociación.

Lo anterior incluye informar si se han cumplido las recomendaciones señaladas anteriormente.