Emir Olivares Alonso

En el contexto de la violencia que enfrentan los activistas, la que sufren las mujeres defensoras de derechos humanos es mayor, diferenciada y con claros indicios de género. Las agresiones van desde amenazas, hostigamientos, violencia sexual y asesinatos, hasta criminalización, difamación y la advertencia, a las que son madres, de arrebatarles a sus hijos.

Estas son algunas circunstancias que enfrentan las activistas, documentadas en el Informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos que el relator especial de las Naciones Unidas en la materia, Michel Forst, presentó hace unos meses ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral, y que en 2017 realizó una visita de trabajo a México.

Ayer, convocados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y grupos civiles, especialistas revisaron el reporte y señalaron que éste evidencia las formas de violencia contra las activistas, además de que no se les reconoce como protagonistas del cambio social.

Al enlazarse por video-llamada, el relator Forst reconoció el papel fundamental de las activistas. Mucho de lo que se ha logrado en materia de derechos humanos ha sido por acción individual y colectiva de muchas mujeres que han superado los numerosos obstáculos tanto en el ámbito privado como público.

Lamentó la falta de políticas públicas dirigidas a ese sector, y que cuando existen, no aplican un enfoque diferenciado de género que permita tomar en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres.

Eréndira Cruzvillegas, cuarta visitadora de la CNDH, manifestó que el informe detalla que la propia condición de ser mujer permite los ataques. Indicó que uno de los nuevos agresores son las empresas, sobre todo porque decenas de mujeres trabajan en la defensa de la tierra.

Marusia López, de Jass Mesoamérica, afirmó que uno de los efectos más devastadores contra las mujeres es el uso de su cuerpos y su vida como botín, y la violencia sexual como mecanismo de control. Dos elementos más, explicó, son la difamación, con lo cual se pone en duda su voz, y la amenaza de quitarles a sus hijos como castigo.

Ricardo Neves, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que las activistas están expuestas a riesgos adicionales y específicos distintos a los de sus compañeros debido a su condición de género.