Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Germán Martínez acusó a la SHCP de injerencia perniciosa // González Blanco salió por influyentismo // Guillén dejó el INM al quedar marginado del plan migratorio que dirige Ebrard

Al ritmo acelerado que el nuevo gobierno imprime a la transformación del país, las dimisiones en el gabinete ampliado y otros cargos de la administración pública federal han mostrado las diferencias y contradicciones en su interior. En siete meses acumulan ya tres renuncias de primera línea: los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, así como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares.

Objeciones en las líneas generales de políticas públicas e injerencias indebidas en el desempeño de los funcionarios son denominador común en las dimisiones de Urzúa y de Martínez.

En esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, apuntó Urzúa en la misiva de renuncia en la que también cuestionó: Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública.

En la carta de renuncia que Martínez Cázares presentó al Consejo Técnico del IMSS, acusó a funcionarios de Hacienda de tener una injerencia perniciosa en el organismo. En su texto, el senador con licencia condenó las directrices de austeridad mandatadas desde Hacienda, porque ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres.

Sólo en el caso de González Blanco su salida obedeció a excesos cometidos por la funcionaria al solicitar a Aeroméxico detener la salida del vuelo que la llevaría a Mexicali, Baja California, el 24 de mayo, porque ella iba retrasada para llegar al aeropuerto. Con el fin de detener el vuelo argumentó una instrucción presidencial, actitud que el mandatario Andrés Manuel López Obrador consideró que se insertaba en la prepotencia y el influyentismo que no eran admisibles en el nuevo gobierno.

Las dimisiones no sólo han tocado al círculo cercano de López Obrador, sino que se han extendido a cargos relevantes de la administración pública federal.

El 17 de febrero pasado, en medio de la polémica desatada por la cancelación de los apoyos al programa de estancias infantiles, la responsable del mismo, Clara Torres Armendariz, optó por apartarse del cargo.

Casi un mes después, el 12 de abril, el subsecretario de Turismo, Simón Levy Dabbah, dejó su cargo aduciendo estrictamente motivos personales.

El 15 de mayo se acumuló una nueva baja en el gobierno federal. En esa ocasión correspondió a la subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Patricia Bujarin, abandonar su puesto en el contexto de la construcción de la nueva Guardia Nacional. También argumentó razones personales.

La salida de Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración hizo evidentes las diferencias en cuanto a la política en esta materia.

Guillén dimitió el 12 de junio en el contexto de la implementación del plan migratorio que México pactó con Estados Unidos.

La designación presidencial de un equipo especial marginó a Guillén de participar en la instrumentación del plan que coordina el canciller Marcelo Ebrard, asignando las tareas al entonces responsable de los penales federales, Francisco Garduño. Cuando éste último asumió el cargo al frente del INM, el organismo retomó plenamente su rol en el plan para sureste.