Dennis A. García

La Fiscalía General de la República (FGR) busca recuperar la credibilidad, por lo que tuvo que restructurar las pesquisas en casos como el desvío de recursos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como reponer el procedimiento en las investigaciones sobre Odebrecht y Ayotzinapa.

En el caso de Odebrecht, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, indicó que la entonces Procuraduría General de la República no había dado resultados desde enero de 2017, cuando inició la investigación; en ese sentido adelantó que en no más de dos meses se judicializará la carpeta respectiva por delincuencia organizada.

Sobre el acuerdo que hubo con la Procuraduría de Justicia de Brasil para no ejercer ninguna acción penal, civil o administrativa en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht a cambio de que le entregara información sobre las pesquisas, Gertz Manero señaló que se respetará lo que hayan firmado.

Vamos a incluir (en la investigación) a todos los que legalmente podamos incluir. Si hay un convenio previo que está asentado por gobiernos, lo tenemos que respetar, pero vamos a ir hasta donde podamos. Los acuerdos que ha firmado el Estado mexicano tienen fuerza de ley, legalmente así está establecido, enfatizó.

Respecto del desvío de recursos durante el sexenio anterior en la Sedesol y la Sedatu, mencionó que es necesario restructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado.

Puntualizó que se cuantifica un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, por lo que no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros. Debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público.

En cuanto a la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal agregó que se propuso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyarse en la investigación que se tiene, en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento.