Gustavo Castillo

Las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI) por parte de un municipio, diputados y senadores, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cuestionan, entre otras cosas, la participación de militares en cuestiones de seguridad pública, la subordinación de las autoridades civiles a las castrenses y la vulneración de las garantías individuales, como la reserva de toda la información y datos que surjan de operativos de seguridad.

En el caso de la CNDH, señaló en su recurso que la citada legislación es contraria a lo establecido en el artículo 21 constitucional, ya que las fuerzas armadas no pueden, por sí mismas, intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles.

Asimismo, argumentó que se viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que vulnera las facultades de municipios, estados y la Federación.

En tanto, el Inai señaló que la LSI se excede al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional, genera con ello una excepción indebida al acceso a esos datos y prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.