Camacho Servín

Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en la glorieta de Cuauhtémoc. Fernando

Las organizaciones integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México realizaron ayer un acto para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, durante el cual señalaron a los dos gobiernos federales recientes como responsables de dejar el país lleno de sangre y muerte, al tiempo que exigieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla su promesa de terminar con el grave fenómeno de violencia.

Reunidos en la glorieta de Cuauh-témoc, los activistas resaltaron que si bien se calcula que hay 37 mil víctimas de este crimen en México, tanto la sociedad como el Estado saben que el número es mayor, pues muchas desapariciones fueron cometidas por las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos.

Los participantes en la manifestación denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho nada por cumplir y aplicar la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares –promulgada a finales de 2017–, como lo demuestra el hecho de que no se ha dotado de presupuesto suficiente a los organismos que dependen de la norma mencionada.

Tras afirmar que los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón no combatieron el fenómeno de las desapariciones y dejaron el país lleno de sangre y muerte, de dolor e impunidad, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México externó su preocupación por el hecho de que López Obrador haya anunciado que las fuerzas armadas seguirán realizando labores de seguridad pública.

Además de lo anterior, dijeron los activistas, nos preocupa que no esté planteando un programa de desmilitarización del país y retiro de las fuerzas armadas, ni mucho menos el fortalecimiento real y efectivo de las policías para cumplir con eficiencia el mandato de la seguridad pública.

Asimismo, exigieron la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y señalaron que con el Congreso en sus manos, el fiscal carnal subordinado al Ejecutivo y las gubernaturas, (las nuevas autoridades) no tendrán el pretexto de que no avanzan porque alguien los detiene.

En la manifestación participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional.

Representantes de estos organismos coincidieron en señalar que no ha habido señales de compromiso por parte del gobierno federal para cumplir la legislación en materia de desapariciones.

Más tarde, la CNDH emitió un comunicado en el cual llama a los gobiernos entrante y saliente a cumplir la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, y lamentó que los gobiernos de todos los niveles han dejado de cumplir labores fundamentales en este ámbito.

En tanto, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y otras organizaciones civiles y populares realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición.

Durante el acto, destacaron en particular los casos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron desaparecidos hace más de 11 años durante un operativo policiaco-militar en el estado de Oaxaca.

Por su parte, la asociación civil Milynali –que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Tamaulipas– denunció que en ese estado las autoridades locales no han mostrado voluntad para crear organismos fundamentales para terminar con ese delito, entre ellas una comisión de búsqueda y un sistema para la identificación de restos óseos.