Fernando Camacho y Emir Olivares

Edith Rosales y Norma Jiménez acudirán a rendir testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Para las mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales la madrugada del 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no hay lugar a dudas: lo que les pasó no fue un accidente o la ocurrencia de unos cuantos policías que perdieron el control, sino parte de un sistema que utiliza las violaciones y las humillaciones como una forma de intimidar a las luchadoras sociales, de acuerdo con los testimonios de dos de las agredidas.

Y es justamente el recuerdo de esas agresiones, junto con el deseo de que no le ocurran a nadie más, lo que ha llevado a 11 mujeres a seguir adelante en una demanda de justicia que, más de una década después, llegará finalmente a discutirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

En víspera de las audiencias que podrían desembocar en el octavo fallo de la Coridh contra el Estado mexicano, La Jornada platicó con dos de las promotoras de la queja.

Norma Jiménez Osorio, al igual que muchas otras personas, llegó a Atenco movida por la indignación. Hace 11 años ella trabajaba en una publicación feminista y le seguía los pasos a La Otra Campaña, del EZLN, pero al enterarse de que el 3 de mayo había muerto un adolescente en los enfrentamientos entre policías y lugareños, decidió trasladarse a la zona del conflicto.

La idea era que la presencia de ciudadanos de otras regiones pudiera aminorar la violencia, pero alrededor de las seis de la mañana del 4 de mayo se movilizó una cantidad inmensa de policías que llegaron por todas partes.

Norma –en ese entonces de 23 años de edad– trató de huir, pero de repente sintió un golpe en la cabeza y un empujón que la mandó al piso. Lo siguiente que recuerda es a un grupo de alrededor de 10 policías que me patearon por varios minutos.

 

Sin castigo, los agentes que se excedieron en el uso de la fuerza durante el operativo en AtencoFoto Alfredo Domínguez

Luego de una serie de actos vejatorios sobre los que prefiere no abundar, porque todo vuelve y se siente como si hubiera pasado ayer, la estudiante de artes plásticas fue llevada a la parte trasera de un camión, donde fue violada por cinco o seis policías.

Tomaban turnos y llamaban a otros. No sé cuánto tiempo pasó... fue horrible. Comenzaron a subir a mucha gente más y escucho cómo están torturando sexualmente a otras mujeres, rememora.

Una experiencia similar describe Edith Rosales Gutiérrez, quien llegó a Atenco para sumarse en apoyo de los manifestantes. A las seis de la mañana empezaron a tocar las campanas (del pueblo) porque venían los policías. Al que alcanzaban, era para golpearlo, a tirarlo con lujo de violencia, narra.

“Cuando me alcanzan, me agarran del pelo y me jalan hacia atrás. Me empezaron a golpear, imagino que con toletes, y empezaron a decir palabras ofensivas. ‘Puta, perra’, mil cosas. Me suben a una camioneta de redilas y ahí es donde... abusan de uno. Me quitan los zapatos y me empiezan a romper la ropa”, dice. La crudeza del momento la vuelve incapaz de dar detalles.

Aun así, tiene bien presente el recuerdo de que “en todo el transcurso (los policías) se dieron vuelo con las compañeras. Se oía cómo ellas decían que las dejaran, y como ellos gritaban: ‘tráete a la güerita, tráete a ésta, a la otra’. Bien grotesco”.

Aunque permanecieron tiempos diferentes en prisión y tuvieron experiencias singulares, las dos coinciden en afirmar que lo vivido por ellas no fueron actos aislados, sino un patrón de conducta que no sólo se registró en Atenco, sino en la contención de otros movimientos sociales.