Fabiola Martínez

La unidad responsable de generar justicia para los migrantes víctimas del delito, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), tendrá el año próximo un presupuesto de sólo un millón de pesos, el cual alcanza apenas para pagar a los funcionarios de esa oficina, advirtieron grupos de la sociedad civil al exigir al Estado mexicano ser congruente con su discurso.

Hay masacres de migrantes pendientes de resolver, entre ellas 72 asesinados en 2010 y 195 en 2011, en San Fernando, Tamaulipas, y el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

A partir de ahí, organismos internacionales emitieron recomendaciones y el Estado mexicano aceptó compromisos que, en opinión de los grupos no gubernamentales, no son cumplidos.

‘‘Tenemos una Unidad de Migrantes en la PGR, cuyo presupuesto para el próximo año es de un millón de pesos (cuando) solamente el salario de la titular es de 2 millones. Para trabajar de manera adecuada, esta unidad debería contar con 16 millones de pesos y no con 0.0006 por ciento del presupuesto de la procuraduría. Esa es la prioridad que México le está dando a las investigaciones de migrantes víctimas’’, advirtió Alejandra Nuño, directora adjunta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Tan sólo en agosto pasado, 37 migrantes fueron secuestrados en Chiapas y así se consigna en las cifras oficiales compiladas por la Secretaría de Gobernación (SG). De 5 mil 824 delitos cometidos contra migrantes durante el periodo 2014-2016, sólo existe evidencia de 49 sentencias, ‘‘lo que equivale a una impunidad de 99 por ciento’’, subrayó Fabienne Venet, de la organización Sin Fronteras.

‘‘El fondo del problema es que las cosas no pasan del papel. México se compromete a muchas cosas que no tiene ninguna intención de cumplir… El presupuesto y el poder lo tiene el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que revela que la prioridad del país es el control migratorio. Lo demás es discurso’’, dijo.

Los comentarios anteriores son en relación con el reciente informe del Comité de Protección a Trabajadores Migratorios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitido el mes pasado.

‘‘La mayoría de las 30 recomendaciones no son nuevas, son preocupaciones que el comité ha manifestado al Estado mexicano desde 2006’’, se indica en el informe alternativo de organizaciones de la sociedad civil mexicanas.

El comité de la ONU hace hincapié en la necesidad de que México haga investigaciones diligentes cuando se violen derechos humanos de los migrantes, con énfasis en mujeres y niños, así como garantizar medidas efectivas de asistencia y reparación integral del daño, regularización migratoria, garantía de no repetición y sanción a los responsables.

Igualmente, el comité lamenta el aumento de 900 por ciento en la detención de niños y adolescentes migrantes durante el lapso 2011-2016, por lo cual exhorta al Estado mexicano a eliminar esta práctica, dijo en conferencia de prensa Pablo Ceriani, vicepresidente del comité en mención.

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias fue adoptada por la ONU en 1990 y ratificada por México en 1999. Nuestro país ha presentado tres informes; el próximo sería en 2022, pero el comité le ha solicitado que lo presente en 2019.