Martín Sánchez Treviño              

Asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, entre los cargos

En sesión privada, fiscales de la PGR le informaron las acusaciones

El juez de distrito Raymundo Serrano Nolasco ordenó la detención provisional del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por presunta asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

Fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron los cargos con base en la nota diplomática 17-3953, emitida por el gobierno estadunidense, y pidieron ‘‘confidencialidad’’ en el caso.

Ayer, durante la segunda audiencia del juicio de extradición 1/2017 en contra de Hernández Flores, éste fue enterado en sesión privada de los cargos en su contra por parte del gobierno de Washington, en respuesta a una petición de ese país para que la audiencia tuviera carácter privado en la que sólo participaron el juez de la causa, los defensores de oficio del ex mandatario tamaulipeco y fiscales de la PGR.

Jorge Olvera y Blanca Nelly Riestra, defensores privados del ex gobernador Eugenio Hernández, dieron a conocer que tramitan un amparo en contra del procedimiento, ya que identifican algunas irregularidades en él, en particular porque el pedimento de extradición no está firmado por la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sino por un consejero de esa misión diplomática, y consideraron que por lo mismo el documento carece de formalidad.

De acuerdo con el procedimiento del sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta capital, desde tres días posteriores a esta segunda audiencia –la primera, suspendida, debió realizarse el pasado miércoles–, la defensa de Hernández Flores puede presentar excepciones e intentar impedir la extradición a estados Unidos de su cliente.

El ex gobernador Eugenio Hernández Flores es acusado de desviar 300 millones de pesos del gobierno de Tamaulipas, así como de recibir sobornos de empresas constructoras durante su administración, que abarcó de 2005 a 2010, recursos que ingresó a bancos de Estados Unidos.