Fernando Camacho Servín

Luego de que un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que realice ‘‘con la debida diligencia’’ la investigación de los hechos acontecidos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, el colectivo Seguridad sin Guerra afirmó que ‘‘la impunidad de un hecho tan emblemático evidencia las fallas estructurales en la procuración de justicia en México’’.

En un comunicado, la organización –que reúne a 140 grupos de la sociedad civil, así como a académicos y familiares de víctimas– subrayó que estas fallas en el aparato judicial del país se dejan ver ‘‘especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos’’.

De igual forma, señaló que la impunidad ‘‘también alerta sobre los riesgos de que se apruebe una ley de seguridad interior sin los debidos controles sobre el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, amenaza especialmente relevante ante el inminente inicio del próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión’’.

El colectivo puntualizó que para acatar la resolución del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, la PGR ‘‘debe enderezar la investigación’’ sobre Tlatlaya, pues a pesar de que está acreditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que al menos ocho de las víctimas mortales fueron ejecutadas arbitrariamente, a la fecha no hay detenidos por ello.

Además, tampoco se sabe a ciencia cierta el número de víctimas de ejecución, ni se han esclarecido las responsabilidades en la alteración de la escena del crimen.