Alonso Urrutia

A partir de este lunes, con el inicio de periodo de registro de aspirantes arrancará el proceso de sucesión en la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que deberá ser electo el próximo viernes. Con ello concluirá la gestión al frente del organismo de Ximena Puente, quien encabezó los primeros años en que esta instancia se transformó en nacional, periodo de intensa adecuación a las nuevas normas, con mayor presupuesto y con el objetivo de encabezar la construcción del sistema nacional de transparencia (SNT).

Respaldada en un incremento presupuestal sustancial para instrumentar las reformas en materia de transparencia, a Puente correspondió la adecuación al nuevo esquema nacional, lo cual no estuvo exento de problemas como deficiencias en el arranque de la plataforma nacional de transparencia, litigios de inconstitucionalidad en las leyes locales en la materia –que confrontó al Inai con varios congresos locales– y el que por primera vez la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República utilizó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cerrar la bitácora de vuelos de las aeronaves asignadas.

Entre hoy y el miércoles, quienes aspiren a suceder a Puente deberán registrar su postulación y entregar un programa de trabajo de 2017 a 2020, orientado hacia la consolidación del SNT y especialmente en la instrumentación del nuevo marco legal en materia de protección de datos personales. En este periodo, el Inai –ya con el carácter de órgano constitucional autónomo, que no tenía el Ifai– inició acercamientos con los Congresos locales para que la homologación de las leyes locales en la materia no enfrentaran los mismos conflictos y diferencias que se registraron con las leyes de transparencia.

Uno de los principales desafíos de esta nueva era del Inai era la instrumentación de la ley general de trasnparencia, calificada por organismos internacionales como una de las más avanzadas, aunque no exenta de complicaciones, pues implicaba la incorporación de nuevos sujetos obligados (partidos, sindicatos, fideicomisos, entre otros), operación del SNT, armonización de leyes, desarrollo y operación de la plataforma nacional de transparencia – cuestionada en su inicio– y la publicación de las obligaciones en la materia cuyo retraso implicará complejidades técnicas.

La operación de la plataforma ha sido uno de los mayores desafíos en este periodo, pues en ella se concentrarán solicitudes de acceso a la información, recursos de inconformidad, sistema de portales de obligaciones, entre otras. Con una inversión de 20 millones de pesos, la plataforma nacional de transparencia representó en su momento un serio revés al Inai, dada la inoperancia con la que arrancó, si bien paulatinamente se ha corregido.

Por lo pronto, en cuanto a las nuevas obligaciones de transparencia la plataforma concentra 48 millones de registros de información que incluyen alrededor de 600 millones de datos de los poco más de 8 mil sujetos obligados.

En estos tres años de gestión de Ximena Puente, el instituto ha aprobado la apertura de información de expedientes de alto impacto social, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya, donde estuvieron involucrados militares. Asimismo, revisó el criterio adoptado por el anterior Instituto Federal de Acceso a la Información y ordenó la apertura de datos relacionada con la ejecución de migrantes en San Fernando, en el estado de Tamaulipas.