Susana González G.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) acusó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados –presidida por Lía Limón García, del PVEM– de aprobar un dictamen regresivo y contradictorio sobre una iniciativa de ley que desmonta la noción de servicio público, desprecia los derechos de las audiencias y debilita las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La discusión al respecto, dijo, se realizó de improviso y a espaldas de las organizaciones de la sociedad civil conocedoras de la libertad de expresión, el derecho a la información, la comunicación democrática y los derechos de las audiencias.

El dictamen fue resultado de la propuesta presentada por Clemente Castañeda Hoeflich (Movimiento Ciudadano) y Federico Döring Casar (PAN), quienes plantearon derogar la distinción entre información y opinión, así como modificaciones que atentan contra las facultades del IFT y los derechos de las audiencias.

La Amedi consideró que dicho dictamen contradice la reforma en telecomunicaciones de 2013, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), así como la ley secundaria de la misma, que otorga al IFT la facultad de regular, promover y supervisar la prestación de servicios de radiodifusión, así como vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y emitir los lineamientos correspondientes.

También deroga la mención de que el servicio público de radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad, como señala la fracción tercera del artículo sexto constitucional y el artículo 256 de la LFTR, que buscan suprimir indebidamente, invitando a los agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones a que también busquen limitar las atribuciones del regulador en temas de competencia y calidad, advirtió la organización.

Intromisión al Poder Judicial

La Amedi consideró que el dictamen debe entenderse como una intromisión al Poder Judicial, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza dos acciones de inconstitucionalidad sobre los derechos de las audiencias que presentaron la Presidencia de la República y el Senado.

Corresponde al máximo tribunal discutir y resolver el asunto. El dictamen de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados debe entenderse como una intromisión al Poder Judicial, en cuyo momento procesal le corresponde resolver. El Congreso ya discutió y aprobó la reforma constitucional y la ley secundaria, el IFT ya emitió los lineamientos. Compete a la Suprema Corte resolver la inconstitucionalidad de las demandas, puntualizó.

La Amedi indicó que los concesionarios se escudan en la defensa de la libertad de expresión de los medios y sus comunicadores, los mismos que tienen el privilegio de tener espacios en radio, televisión, prensa escrita e Internet, pero poco les importan los derechos de las audiencias.

Agregó que los diputados que aprobaron el dictamen tampoco se preocupan por las audiencias y reiteraron su llamado a respetar las leyes que aprobaron en 2013 y 2014 como parte de la reforma en telecomunicaciones.