José Antonio Román

Durante 2016 fueron registrados 29 episodios masivos de desplazamiento interno forzado en el país, situación que afectó al menos a 23 mil 169 personas en 12 diferentes entidades; con esta cifra, el número de desplazados internos en México se estima en más de 310 mil desde el año 2009 a la fecha.

De acuerdo con información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización que desde hace varios años realiza un seguimiento detallado de esta problemática en el país, se advierte que de esos 29 hechos, 20 fueron causados de manera directa por la violencia y el combate al crimen organizado, los cuales afectaron a 20 mil 31 personas, es decir, casi 90 por ciento de la población total desplazada el año anterior.

En el informe, denominado Desplazamiento interno forzado en México, la organización señala que la mayor parte de la población víctima de este problema son mujeres y madres de familia, que ante la violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia, llevando con ellas niñas, niños y ancianos.

En 2016, el sector indígena fue el más afectado con al menos siete casos de desplazamiento interno forzado. Guerrero, Sinaloa y Chihuahua son los estados que concentran la gran mayoría de este éxodo, con siete, seis y tres eventos, respectivamente. Veracruz, Michoacán, Durango y Tamaulipas son las entidades que completan esta lista de los registros provocados por la violencia y el combate al crimen organizado.

En tanto, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas también reportan desplazamiento, pero éste a causa de violencia política, conflictos religiosos, diferencias territoriales y actividad extractiva, en el caso del último estado mencionado.

Aunque el estado de Michoacán sólo tiene reportado un episodio, fue el mayor expulsor de población con motivo de violencia, debido a que al menos 10 mil personas fueron desplazadas, caso masivo registrado por los medios de comunicación los días 23 y 24 de mayo. ‘‘De manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente de esa entidad fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana’’, dice el informe.

En el caso de Sinaloa, tres de los seis hechos de desplazamiento masivo a causa de la violencia se registraron en la localidad de Huixiopa, municipio de Badiraguato, en los límites de Chihuahua y Durango. En una de las ocasiones tuvo que salir huyendo la casi totalidad de su población de unas 700 personas.

La comisión advirtió que los enfrentamientos prolongados entre fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios y violaciones graves a los derechos humanos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, han sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno forzado en el país. Todo en medio de un clima de corrupción e impunidad.

La organización lamentó que exista una total ausencia de reconocimiento gubernamental y de políticas públicas de prevención y de atención integral y soluciones duraderas para las víctimas de estos desplazamientos.