José Antonio Román

Organizaciones de derechos humanos lamentaron la ‘‘defensa a ultranza’’ de las fuerzas armadas que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto. Para unas, los dichos presidenciales tienen un ‘‘claro tinte electorero’’, mientras que para otras el trasfondo es ‘‘polarizar’’ a la sociedad y justificar con ello que se apruebe la ley de seguridad interior que se discute en el Congreso, la cual legalizaría la participación de militares en labores policiacas.

Sin embargo, coinciden en señalar que las acusaciones a las fuerzas armadas, incluso desde organismos internacionales de derechos humanos, son comprobadas, pues existen sentencias en contra del Estado mexicano por hechos violatorios cometidos por elementos militares.

En la década anterior –sin contar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde la llamada guerra sucia–, organismos nacionales e internacionales han emitido al menos un centenar de recomendaciones y quejas dirigidas a las diversas instancias castrenses y al Estado mexicano por agravios de derechos humanos a manos de militares.

Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado fehacientemente en sus respectivos informes regionales o globales la persistente actuación de las fuerzas armadas en la comisión de estas violaciones.

Incluso, desde diciembre de 2006 a la fecha, la CNDH ha emitido 157 recomendaciones por violaciones cometidas por las fuerzas armadas, 130 de ellas por elementos del Ejército Mexicano y el resto por marinos.

Prueba de estas violaciones es que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han aceptado dichas recomendaciones, señala la CNDH. Estas recomendaciones coinciden con las acciones y actos denunciados por las organizaciones y centros de derechos humanos y los colectivos de la sociedad civil.

En ambos casos, las violaciones cometidas incluyen detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, tortura y tratos crueles e inhumanos, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, casi siempre en medio de la impunidad.

José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, advirtió que, desde su perspectiva, el Presidente prepara el camino para la aprobación de la ley de seguridad interior, con lo cual pretende ‘‘regularizar’’ la presencia del Ejército en las calles.