David Brooks

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó hoy la solicitud de medidas cautelares para cientos de víctimas de Nochixtlán y para los activistas que llevan el caso, presentada por el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert.

Ante las continuas agresiones contra denunciantes y defensores de derechos humanos, nueve meses después del asalto policiaco en Nochixtlán, el 19 de junio de 2016 –incluyendo uno esta semana–, además del fracaso de las medidas emitidas a escala estatal y el estancamiento de la investigación oficial de los hechos por falta de seguridad para que las víctimas puedan rendir testimonios, se tomó la decisión de acudir a organismos internacionales, explicó Peimbert en entrevista con La Jornada.

‘‘Lo que se busca es protección para las víctimas y sus defensores’’, afirmó. Dijo que el caso ‘‘sobrepasa’’ las capacidades de los defensores en el tema: ‘‘Necesitamos de mecanismos que obliguen a que se atienda este caso con estándares de derechos humanos, de justicia y verdad’’, así como para ‘‘visibilizar’’ ese hecho.

Al definir a Oaxaca como ‘‘el segundo estado más peligroso en México para ejercer el periodismo y para los defensores de los derechos humanos’’, Peimbert señala que ‘‘los que dan voz a los que no la tienen son amenazados y están en riesgo’’. Por tanto, se presenta la necesidad de solicitar estas medidas cautelares.

Los ocho muertos y 100 heridos de gravedad por balas o proyectiles, resultado del asalto policiaco con más de 850 elementos y helicópteros, con el pretexto de desalojar a unos 20 maestros que bloqueaban la carretera, argumentó Peimbert, fueron un hecho de lesa humanidad que, en contraste con otros casos de violación masiva de derechos humanos –incluyendo Ayotzinapa–, está ampliamente documentado en declaraciones de testigos y víctimas, fotografías, videos y exámenes médicos.

‘‘Aquí no hay duda, están las armas, los responsables: las autoridades declararon a los medios sobre los hechos el mismo día y el siguiente de lo que ocurrido’’, aun cuando algunas de estas versiones ‘‘carecían de verdad’’, afirmó el defensor de derechos humanos. Esta documentación se ha presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), formada por más de 5 mil cuartillas y 180 horas de video.

El documento presentado hoy ante la CIDH es de más de 100 cuartillas, en lo que sería la primera vez que un ombudsman estatal copatrocina una iniciativa ante la citada comisión.

En ese contexto, Peimbert subrayó que ‘‘persisten las condiciones de alto riesgo’’ para las víctimas, las cuales a la vez se han transformado en defensores de sus derechos hoy día.

Informó que el lunes anterior hubo un atentado armado más en contra de un activista. Más aún, el 5 de marzo se agredió a Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio, de Nochixtlán.

La CIDH, al aceptar la solicitud, se mostró ‘‘muy preocupada’’ y ahora procederá a evaluar la emisión de medidas cautelares, reportó Peimbert. ‘‘Esperamos que en breve resuelva’’, indicó. A la vez, se solicitará audiencia ‘‘temática’’ sobre el caso ante la instancia cuando sesione en Perú a fines de este mes.

Se tomó la decisión de presentar la solicitud aquí –como también se prepara un documento para presentar ante organismos de derechos humanos en Ginebra próximamente–, no solo para solicitar las medidas cautelares, sino también para contrarrestar lo que Peimbert considera la ‘‘sospechosa invisibilización’’ de lo ocurrido.

Se está dialogando con otras organizaciones de defensa de derechos humanos en el hemisferio, entre ellas Washington Office on Latin America y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), medios de comunicación e incluso comunidades mixtecas en Estados Unidos, a petición de las víctimas entre los cuales hay familiares.

La demanda es que se determine la responsabilidad por los hechos, ‘‘lo cual tiene que investigarse en los tres niveles del gobierno: federal, estatal y municipal’’. El objetivo de todo este trabajo es que tanto por esfuerzos a escala nacional como por los sistemas internacionales de defensa y protección de derechos humanos ‘‘se siente un precedente de justicia que no permita que esto se repita’’.

Concluyó que en esta coyuntura ‘‘hay una dicotomía en el discurso público, donde por un lado se denuncia el muro de Donald Trump y al mismo tiempo tenemos un muro en México que frena la justicia y que se construye por ladrillos de impunidad y que, en el caso Nochixtlán, es más que evidente’’.

Agregó que hay una relación entre ambas cosas –pobreza y marginación–, incluyendo ‘‘la marginación de la justicia’’ a la que contribuye de modo importante la migración.