Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo para que la recaudación por estancia de turistas extranjeros en México se destine al fideicomiso para el Tren Maya.

Al cierre de la edición, el documento se envió a la mesa directiva para su discusión en el pleno en la madrugada de este miércoles.

En la larga sesión de ayer, Morena impuso su mayoría y junto con sus aliados aprobaron una reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para entregar a la paraestatal que operará el Tren Maya la concesión, por tiempo indefinido, de la vía férrea. El partido guinda presentó la reforma de forma sorpresiva al pleno y se le dispensaron todos los trámites.

El título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida. Una vez otorgada dicha asignación, no podrá cederse o transferirse bajo ningún título. Sólo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o razones de seguridad nacional que lo justifiquen, establece la adición al artículo 10 de la citada ley reglamentaria.

La oposición acusó que fue un albazo para beneficiar a las cinco paraestatales que estarán bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. No podemos convertir a la Sedena en la constructora de México, se hará cargo de un sinfín de obras, sostuvo Julieta Mejía (Movimiento Ciudadano).

Morena avaló una adición al artículo 59 Bis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para establecer que el titular del Ejecutivo Federal puede asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, por causas de utilidad e interés público, general, social o de seguridad nacional, cuando no contravenga su objeto social.

También argumentó que como las vías de comunicación, en este caso los ferrocarriles, son áreas prioritarias, se requiere una mejora jurídica para que los títulos de asignación se mantengan siempre en manos del Estado, y debe existir una temporalidad indefinida, para que no exista una transferencia indebida a ninguna persona y para garantizar el control estatal.

Plantea que no existe una remuneración económica excesiva, entendida como un objeto social, pues a diferencia de una empresa privada, se busca que las personas tengan acceso al uso de los ferrocarriles a un precio justo.

Agregó que se avala un control de costos y precios por el uso de un beneficio social como es la comunicación terrestre entre estados que se encuentran incomunicados, pero que cuentan con vías férreas y que tienen posibilidad de explotar dichos bienes en pro de la comunidad, y que contribuyan como fuentes de desarrollo nacional y social del país.