Dora Villanueva

Beneficiadas por los contratos ley que se fijaron en la Constitución fujimorista de 1993, y las exenciones fiscales que las arropan, las empresas mineras en Perú se han consolidado como el principal grupo de poder económico en el país y juegan un rol de presión política muy significativo; siempre afectando derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, explicó José de Echave, responsable del Observatorio de Conflictos Mineros y ex viceministro de Gestión Ambiental de Perú.

Dado su peso en la actividad económica de Perú, el sector minero nacional y trasnacional “permanentemente en los pasados 20 a 25 años ha impedido reformas importantes, entre ellas tributarias, ambientales, sociales y aquellas que buscaban proteger los derechos de los pueblos indígenas. (…) En esta crisis política, social, institucional, sin duda las empresas mineras están jugando un rol, buscando proteger esta lógica de actuación autoritaria del Estado, vertical, que está afectando derechos y causando la muerte de tantas peruanas y peruanos”, dijo en entrevista.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía de ese país, que recupera la información del Servicio Geológico de Estados Unidos, Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada reporta que la minería representa 24 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) que hasta diciembre de 2021 había recibido Perú. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe exhibe que de los 7 mil 455 millones de dólares que recibió ese país durante el mismo año, 94 por ciento fue a la reinversión de utilidades –rubro que no paga impuesto sobre la renta en el sector minero, refirió De Echave–, mientras se registró una salida de 84 millones de dólares por nuevas inversiones.

El economista describió que desde 1993, con la Constitución signada por Alberto Fujimori, el contrato ley subió a rango constitucional, enmarcado en el artículo 62. Perú es de los pocos países en el mundo que utilizan este instrumento nefasto para la atracción de IED, el cual sirve para “dar una suerte de seguridad jurídica al capital privado, estabilidad, y protegerlo de cambios en las reglas de juego que pueden haber en determinado tiempo.

Si es que hay un cambio en las reglas de juego que puedan favorecer a las comunidades de manera directa o indirecta, las empresas están protegidas por esos contratos de estabilidad, y uno de los rubros en los que más han sacado provecho es el tributario. Si mañana Perú decide poner un impuesto a las sobreganancias mineras y una empresa tiene convenio de estabilidad tributaria, esa nueva ley no le va a afectar, precisó.

La duración de esas garantías varía y cualquier rubro de la IED pudo hacerse de una de ellas. En el caso de la minería no hay ningún contrato que venza este año, pero los contratos de estabilidad tributaria, que se amparan en los convenios de estabilidad jurídica del artículo 62 de la Constitución peruana, no son renovables, refirió De Echave. De acuerdo con medios peruanos algunos de los contratos ley dados al sector minero concluyeron en 2021, pero otros lo harán en 2027 y 2030.

Grupo México, propiedad en su mayoría de Germán Larrea, la segunda persona más rica de México, tiene presencia en Perú a través de Southern Perú Copper Corporation, la cual hasta noviembre del año pasado era la tercera mayor productora de cobre del país; sexta en plata y primera en molibdeno. Además de ser la cuarta firma con el mayor monto de inversiones en el sector, con 282 millones de dólares en los primeros 11 meses del año pasado, reportó el Ministerio de Energía y Minas.