Israel Rodríguez

Las subastas eléctricas tuvieron el propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados.

Uno de los objetivos de la iniciativa preferente para modificar la actual Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Ejecutivo federal la semana pasada, es eliminar la obligación que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de adquirir energía eléctrica en un mercado mayorista especulativo, donde resulta más caro y por tanto perjudica al usuario final, de acuerdo con el texto de la propuesta y la opinión de analistas.

El propósito de la iniciativa, que deberá ser votada este mes, es renegociar esos contratos o cancelarlos de forma anticipada, plantea el documento. En las tres últimas subastas a largo plazo, la mayoría de las ofertas ganadoras fue de tecnologías intermitentes eólica y fotovoltaica.

El texto de la iniciativa explica que las subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar rentabilidad de las inversiones de los generadores privados, en detrimento financiero de la CFE.

Estos contratos obtenidos en las subastas eléctricas mayoristas tienen una vigencia de 20 años, los precios no están sujetos a las variaciones del mercado y se relega la generación proveniente de las centrales eléctricas de la CFE, con el consecuente costo y menoscabo para la empresa estatal.

Además, los particulares se aprovechan de la infraestructura de CFE y se les otorga una prioridad en el despacho (el orden en que es suministrada a la red) de energía, por encima de otras fuentes renovables, como la hidroeléctrica.

Adicionalmente, las centrales de generación de CFE proporcionan respaldo a las centrales eólicas y fotovoltaica –sin ser retribuido– durante las horas que no producen energía derivado de la ausencia de radiación solar o viento.

Los argumentos del Ejecutivo señalan que todo eso, evidencia que se trata de un régimen de excepción absolutamente inadmisible e incompatible con el paradigma del estado constitucional de derecho.

Por ello, los contratos de compra-venta de energía eléctrica suscritos por la CFE con productores independientes al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deberán ser revisados a fin de garantizar la rentabilidad para el gobierno federal establecida en la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública, según el texto.

Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, consideró que si se quiere ir más lejos, se requiere reformar la Constitución para eliminar el acceso abierto a la red eléctrica de particulares y la idea de que la electricidad es una mercancía.

Afirmó que la modificación del marco jurídico debe servir de base para impulsar decididamente la transición energética, con una socialización adecuada de sus costos económicos, sociales y políticos.

En las últimas semanas, hemos visto que las fricciones que provoca la orientación nacionalista de la política energética de la actual administración, con las expectativas creadas por el gobierno anterior, pudieran tener repercusiones en el plano de las relaciones internacionales de nuestro país, advirtió.

Por otro lado, alertó que los compromisos internacionales pactados por el gobierno mexicano en materia de cambio climático y los contenidos en el marco del T-MEC para protección de las inversiones, acotan aún más el margen de maniobra gubernamental.