Carlos F. Chamorro*

En las últimas semanas, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han exacerbado el discurso de odio que durante más de una década han promovido, desde el poder, contra los ciudadanos que demandan un cambio democrático en Nicaragua. De manera cada vez más frecuente, los gobernantes utilizan todos los medios de comunicación del país, imponiendo abusivamente una cadena nacional de radio y televisión para predicar el odio, la intolerancia y la violencia.

El discurso oficial se basa en la estigmatización de los otros como enemigos, teniendo como única coartada la mentira y el cinismo, y por ello algunas personas consideran que lo que Ortega y Murillo repiten cada día carece de importancia porque no tiene ninguna credibilidad. Probablemente, la mayoría de la gente apaga la radio y la televisión oficial y no le da ningun crédito a la mentira; sin embargo, el discurso de odio de los gobernantes es extremadamente peligroso para la convivencia nacional, porque legitima ante sus partidarios el ejercicio de la violencia con impunidad.

Cada vez que Ortega y Murillo lanzan amenazas con virulencia otorgan una licencia a una minoría fanatizada para insultar, agredir, perseguir, torturar, e incluso matar, a cualquier ciudadano que reclama libertad y justicia en Nicaragua. Eso fue lo que ocurrió en La Trinidad, el 19 de julio pasado, cuando Jorge Luis Rugama fue asesinado de un disparo en la cabeza por un fanático sandinista, solamente porque gritó ¡Viva Nicaragua libre! Y cuando el agresor Abner Pineda fue sometido ante la justicia, el juez invocó como atenuantes del asesinato que el funcionario de la alcaldía sandinista de Estelí padecía un supuesto trauma sicológico como resultado de la protesta ciudadana contra el régimen y que, además, se encontraba en estado de ebriedad. Ese asesinato, que se mantiene en la impunidad, forma parte de la cosecha de odio de Ortega y Murillo.

En su último discurso en el Día Internacional de la Mujer, el caudillo sandinista, señalado de contumaz violador de los derechos de las niñas y las mujeres, se burló de sus víctimas y hasta clamó por la erradicación del machismo. Ortega alegó campantemente que en Nicaragua existe libertad de expresión, aunque su gobierno persigue a los periodistas, censura a los medios independientes, ha confiscado las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, y ha crimizalizado hasta el acto patriótico de ondear la bandera nacional. En estos días el joven Sergio Beteta fue declarado culpable en un tribunal por presuntos crímenes de tenencia de armas y drogas, fabricados en la cárcel de forma descarada por la fiscalía y la policía, cuando su delito fue quemar la bandera del FSLN y ondear la bandera azul y blanco en una protesta solitaria a la vista de transeúntes y periodistas. Y a pesar de las pruebas en su favor, ahora un juez orteguista está pidiendo contra él 16 años de cárcel, por ejercer la libertad de expresión.

El discurso de Ortega y Murillo también promueve odio y confrontación entre pobres y ricos. En nombre de los desposeídos y la chusma, el comandante truena contra los millonarios y oligarcas, aunque en Nicaragua todo mundo sabe que la familia presidencial forma parte de los superricos y que su capital, al margen de toda clase de escrutinio público, no proviene de algún emprendimiento empresarial, sino del robo a los pobres que representa la corrupción pública y el desvío de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para sus negocios privados.

Para justificar la represión y el estado de sitio policial, Ortega también alega que su gobierno ha sido víctima de una tentativa de golpe de Estado, pero ninguna comisión internacional de derechos humanos ha encontrado algún indicio de la supuesta conspiración durante las protestas de abril. Y lo único que han documentado son denuncias que deben ser investigadas sobre los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, las torturas, y las ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a los sicarios del régimen.

Sin embargo, a pesar del miedo que provoca la violencia, la persecución, la cárcel y el exilio, en estos casi tres años de represión y estado de sitio, la dictadura Ortega-Murillo nunca ha podido quebrar la moral y la dignidad de un solo preso político, que desde la prisión sigue reclamando un cambio a través de elecciones libres. Bastaría constatar esta derrota política y moral del régimen para proclamar que el discurso de odio de Ortega y Murillo representa una política fracasada. Pero eso no disminuye su peligrosidad en una sociedad polarizada donde los perpetradores de la violencia siempre han estado protegidos por el poder de las armas y la impunidad.

Por ello exhortamos respetuosamente a los obispos de la Conferencia Episcopal, al liderazgo moral de la Iglesia católica, a que renueven su exigencia ante los gobernantes para que cese el discurso de odio que promueve la violencia antes que haya más víctimas que lamentar. Apelamos a dignidad de los servidores públicos –civiles y militares– a decir basta al discurso de odio de Ortega y Murillo, para que nunca más un nicaragüense sea asesinado por gritar ¡viva Nicaragua libre!, o encarcelado por ondear la bandera nacional.

Demandamos a los precandidatos de la oposición a la presidencia de la República a que se sumen a la campaña de los familiares de las víctimas de la represión para lograr la libertad de los presos políticos y demandar justicia por los asesinados. También llamamos a los grandes empresarios a exigir la suspensión del estado policial y una reforma electoral, para que los nicaragüenses podamos decidir en una elección libre si queremos seguir otros cinco años con la prédica de odio y violencia de Ortega y Murillo, o emprender la reconstrucción del país en democracia.