Gabriela Rodríguez

Como cada año toca recordar que fue en el segundo Congreso de Mujeres Socialistas de 1910 donde se decidió dedicar el 8 de marzo a la lucha por mejorar las condiciones laborales de las mujeres, y que sería un día para hacer campaña por el derecho de la mujer al voto y por la emancipación política de las mujeres. Desde su origen, se trata de una agencia de las izquierdas.

En más de 100 años las cosas han cambiado, pero falta mucho para que todas las mujeres ejerzan todos sus derechos, situación que se agrava entre mujeres que viven en condiciones de pobreza. En parte porque los esfuerzos se han dirigido más a cambiar el marco legal que a asumirlo como un cambio político y cultural, como una transformación de las relaciones de poder y de las mentalidades.

Al cambio en las relaciones de poder abona el acceso de las mujeres al empleo formal y bien remunerado, a niveles más altos de escolaridad y a posiciones políticas altas en los órganos del Estado. México tiene avances muy visibles en la paridad de género, un camino para erosionar las pautas patriarcales.

Pero el cambio de las mentalidades es más lento y se le invierte menos. Implica transformar creencias, ideas y valores sobre el género que están enraizadas en la cultura institucional: en la familia y en la escuela, en las empresas y en los medios, en las instancias municipales, estatales y federales, en ámbitos legales y jurídicos.

Las movilizaciones del 8 de marzo claman por un cambio en las relaciones e ideas de género. La pandemia del SARS-CoV-2, además, nos colocó ante el desafío de una renovación ética que abre oportunidades. El confinamiento evidenció que la mayoría de mujeres tienen un empleo informal sin seguridad social, que el trabajo de cuidados está cargado sobre ellas, que afectará la fecunidad, que se intensificó la violencia de género en los hogares y que la impunidad es altísima.

Ante la dificultad de cambiar los valores de toda la sociedad, tal vez sería más estratégico enfocarse en la formación de las nuevas generaciones. Dar prioridad a la educación de niños y adolescentes a través de la escuela y de los medios de comunición, tradicionales y digitales.

Urge redoblar esfuerzos hacia el cambio cultural: fortalecer la educación integral de la sexualidad (EIS) con una perspectiva de género, tal como quedó asentado en el tercer artículo de nuestra Constitución, reformado en mayo de 2019: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos; y señala que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, incluirá, entre otras materias la educación sexual y reproductiva.

Al ser interrogado sobre los contenidos de esa reforma educativa, Andrés Manuel López Obrador respondió que la educación sexual es indispensable creo que es necesaria, es indispensable, que no debe de omitirse y que debemos transmitir información a los adolescentes y, si es necesario, a los niños. Que haya una formación en ese sentido, científica; la educación sexual debe ser racional y estar apegada al conocimiento y a la ciencia, no mezclarla con asuntos de fe o dogmas. Ese es mi punto de vista y lo tienen que resolver los expertos, pedagogos.

La educación sexual se está impulsando en diversas instancias de la Secretaría de Educación Pública, desde la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes (Enapea) que coordinan el Conapo y el Instituto Nacional de las Mujeres. Se busca reducir a la mitad la tasa de embarazos de adolescentes y erradicar los embarazos infantiles. Yo decido mi futuro es el eslogan de la campaña, porque la segunda década no es para tener hijos, sino para estudiar, formarse y vivir con plenitud una etapa adolescente; la cual no debe ser un lujo de clase, sino un espacio reflexivo para que todos puedan definir una identidad y una misión de vida, sin presiones ni violencia. Implica acceder a los estudios (es muy grande la inversión en becas a estudiantes de todos los niveles), fortalecer la educación integral de la sexualidad (EIS) con una perspectiva de género, garantizar los servicios de salud reproductiva dirigidos a adolescentes, así como prevenir prácticas de riesgo por consumo de alcohol u otras sustancias, sobre todo en los territorios más pobres y en contextos aislados y dispersos.

Para impulsar el cambio cultural hay que dirigirse no sólo a las mujeres, sino también a los niños y a los adolescentes para favorecer cambios de actitud hacia masculinidades positivas, hay que incluir la sensibilización de docentes, madres y padres de familia, funcionarios, activistas y comunicadores. La apuesta está en fomentar la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, que favorezca el ejercicio de una sexualidad plena y libre, con seguridad y responsabilidad, acorde a la orientación sexual e identidad de género, sin discriminación ni violencia.