La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró violatorio a la legislación en ese ámbito el despliegue de brigadas de Morena en diversos puntos del país en un intento por asociar a ese partido con los beneficios entregados por medio de programas sociales e incluso con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. La resolución, tomada por unanimidad a partir de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), ordena a Morena adoptar las medidas conducentes para cesar estas prácticas.

De acuerdo con la consejera Adriana Favela, existen incluso evidencias en video en las que se observa a personal de ese instituto político recorrer calles en distintos puntos del país para captar simpatizantes identificando con el partido los programas sociales del gobierno federal. Además, en esas visitas se solicitarían datos de la credencial de elector de los ciudadanos, lo cual podría dar pie a irregularidades.

Las prácticas señaladas constituyen actos inadmisibles, tanto por la deliberada vinculación de los programas gubernamentales con un partido, como por la solicitud inapropiada de datos personales de los ciudadanos. Además de ser contrarias a la legalidad, estas acciones son abiertamente incompatibles con la propuesta de acuerdo democrático que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a los mandatarios estatales, y que ya fue aceptada por 25 de ellos. En este sentido, si Morena desea mantenerse en sintonía con los propósitos del Ejecutivo, debe comenzar por apartarse de los comportamientos que marcaron a los partidos que lo antecedieron en el poder.

Cierto es que ni la resolución del INE ni las evidencias disponibles permiten suponer que las brigadas en cuestión se desplieguen por órdenes de la dirigencia nacional de Morena, pero ésta tiene la obligación fundamental de investigar y sancionar a aquellos de sus integrantes que transgreden la legislación electoral y los códigos internos de la institución, en el entendido de que la continuidad de estos actos lesiona la lógica democrática y pone en entredicho la credibilidad del partido.

Por lo dicho, el emplazamiento del INE para que Morena cese las prácticas indebidas 48 horas después de haber sido notificado parece necesario, pero insuficiente. Si la autoridad cuenta con pruebas de actos que pudieran constituir delitos, debe remitirlas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que investigue los casos concretos y finque las responsabilidades correspondientes, pues sólo con acciones expeditas podrá atajarse toda forma de fraude electoral y distorsión de la voluntad popular.