Bernardo Barranco

Las perversiones sexuales de los personajes públicos son resultado de las relaciones de poder que guardan los individuos con el establishment. Michel Foucault, en su Historia de la sexualidad, encuentra un estrecho vínculo del poder como factor represivo y la sexualidad como una dimensión construida por este poder. Hombres poderosos como Salgado Macedonio se saben protegidos por el poder. Dicha impunidad no guarda mucha diferencia con los sacerdotes pederastas. Bajo el predominio de una cultura patriarcal, políticos y pederastas clericales se sienten por encima de la sociedad. Conductores y dueños de las conciencias de los individuos y, por tanto, también de sus cuerpos. Políticos desenfrenados y sacerdotes encuentran refugio en el Estado, unos, y otros en la estructura eclesiástica. Así, la patología de los abusos sexuales va de la mano de la corrupción.

Los medios de comunicación han jugado un papel determinante para evidenciar ante la sociedad los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Los medios de comunicación en el planeta pasaron de un trato privilegiado a un tratamiento implacable hacia la Iglesia. A partir de las investigaciones periodísticas de The Boston Globe en 2002, los medios han jugado un rol de denuncia que ha tenido alto impacto en las audiencias. Incluso se creó una especie de género sobre la pederastia clerical, con películas premiadas, series de televisión, documentales, telenovelas, mesas de análisis y grandes reportajes de investigación. En muchos casos la pederastia clerical se convirtió en mercancía rentable. También es cierto que han favorecido romper la cultura del silencio imperante en la institución eclesiástica. Han presionado a la Iglesia para abrirse. Los medios evidenciaron la reinante opacidad y el mutismo cómplice de la Iglesia. En cierta medida, desnudaron el artificio de la hipocresía institucional y doble moral. La institución despreció, en un inicio pensó que la sociedad tomaría las denuncias mediáticas como calumnias momentáneas. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Por todos los rincones del planeta surgían dolorosos relatos y testimonios verídicos cargados de dramatismo. La denuncia no sólo se centró en los abusos, sino en la inaceptable complicidad de las estructuras eclesiásticas.

En México, los medios llegaron tarde. Y tuvieron un comportamiento dual. Periódicos como El Norte no sólo guardaron silencio, sino que salieron a la defensa abigarrada de Marcial Maciel. Grandes consorcios mediáticos aliados del cardenal Norberto Rivera disimularon su complicidad en el encubrimiento de los depredadores sagrados como Nicolás Aguilar. Pese a ello, la incidencia internacional fue abriendo nuevos cauces para evidenciar los inevitables crímenes eclesiásticos. Periodistas como Carmen Aristegui, Javier Solorzano, Sanjuana Martínez y aquel lejano Ciro Gómez Leyva fueron pioneros, atrevidos, en colocar sobre la agenda pública, el corrompido comportamiento de la Iglesia. En México recordemos el papel de CNI Canal 40, la revista Proceso y La Jornada, que se distinguieron por dar cabida y voz a las víctimas, desde los 90, para denunciar a los depredadores. Ha sido un camino farragoso posicionar el abuso infantil clerical como un grave problema social y un flagelo encubierto por la institución. Un obstáculo no menos importante, en el caso de México, ha sido la tibieza o confabulación del gobierno. Desde Zedillo hasta AMLO, el Estado ha sido negligente. Su actuar ha sido medroso, porque no se atreve a tocar las poderosas estructuras eclesiásticas. Los diversos gobiernos han calibrado los costos políticos que representa afectar intereses eclesiásticos y han optado por jugar un rol pasivo, finalmente cómplice, de cara a los crímenes perpetrados por sacerdotes y encubrimientos de obispos.

A más de 20 años de denuncias y continuos escándalos, la tarea no parece tener término. A pesar de que la Iglesia ha mostrado mayor sensibilidad, aún está lejos de responder las expectativas de una opinión pública crítica y expectante. En los años recientes, la novedad, es la intervención creciente de los gobiernos en las investigaciones y denuncias. Si en 2002, el epicentro estalla en Boston con las investigaciones periodísticas de The Boston Globe, ahora diferentes gobiernos empiezan atraer los casos y realizar diligencias e investigaciones oficiales. En la actualidad se han sumado estructuras gubernamentales como fiscalías, ministerios, comisiones especializadas. Es decir, son investigaciones de Estado sobre la pederastia cuyo alcance es mucho mayor. Tales son los casos de las pesquisas en Irlanda, Australia, Chile y Estados Unidos (Pensilvania). Utilizan la documentación confiscada de los archivos de la propia Iglesia. En Chile, ante la cerrazón de la Iglesia, el gobierno procedió mediante un allanamiento de los archivos ­eclesiásticos.

Analizando el comportamiento de diferentes países, otro elemento central emerge. El comportamiento de la sociedad civil organizada. En Estados Unidos las víctimas se unieron y conformaron frentes de denuncia social y legal contra la Iglesia católica. La Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) jugó un papel central en por lo menos tres frentes: el mediático, el lobby legislativo y negociaciones legales con la jerarquía eclesiástica en nombre de las víctimas. Chile es otro caso emblemático, que cuenta con una tradición civilista. Ante la cerrazón de la alta jerarquía, se desata un fenómeno social que permitió que se levantaran con fuerza voces de organizaciones de víctimas y sobrevivientes, tales como los Laicos de Osorno, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Chile, Red Nacional de Laicos y Voces Católicas. No basta la denuncia mediática y lamentablemente en México estamos aún muy lejos de contar con una sociedad civil dinámica y un gobierno sensible. Vivimos aún en el reino de Maciel y de Salgado Macedonio.