El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el lunes pasado al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El texto propuesto, que podría tratarse de la batería más importante de cambios legales emprendida por la Cuarta Transformación, busca revertir los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, la cual es calificada de neoporfirista, por despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional para entregar estos sectores a la iniciativa privada.

La iniciativa que los legisladores deberán discutir en los próximos 30 días concreta las afirmaciones del director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien el 5 de enero pasado sostuvo que la empresa productiva del Estado dejaría de subsidiar a los inversionistas privados que participan en el mercado eléctrico.

Asimismo, supone el cumplimiento de una promesa de campaña y de gobierno del Ejecutivo federal, que apenas una semana después de su arribo a Palacio Nacional anunció el combate frontal a la corrupción en la comisión, el fin de los subsidios a la iniciativa privada en materia energética y el diseño de un plan para recuperar la autosuficiencia nacional en el sector.

Como denunció entonces el presidente, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la ex paraestatal sufrió un abandono deliberado con el propósito de quebrarla y ceder el negocio energético a actores privados.

Así lo muestran hechos, como que en sólo tres décadas el sector público pasó de generar el total de la energía que se consumía en el país a producir sólo 54 por ciento, que luego de la aprobación de la reforma energética del peñato la CFE pasara de perder 9 mil 923 millones de pesos en todo 2017 a sufrir una merma de 39 mil 864 millones sólo en la primera mitad de 2018 y, sobre todo, el carácter abiertamente lesivo a los intereses nacionales de los contratos suscritos por las empresas públicas con firmas privadas.

El quebranto en este último rubro es tan grande que la CFE asumió todos los costos de integrar a los generadores privados a la red eléctrica, pero la infraestructura construida para ese fin pertenece a dichas compañías y no a quien pagó por ella.

Esta infame transferencia de recursos públicos a manos privadas cargó a la sociedad mexicana una cuenta de 50 mil millones de dólares, que ascenderá a 200 mil millones en los próximos 25 años debido a la amortización de intereses.

Por lo dicho, es de celebrarse que hoy las autoridades busquen devolver al pueblo los bienes y la soberanía energética que le fueron enajenados por la clase política corrupta e inescrupulosa que se apoderó del país durante la larga noche neoliberal.

Está claro que en las semanas y meses por venir deberán enfrentarse todo tipo de resistencias por parte de quienes se vieron beneficiados por la política de desmantelamiento del Estado, y poner en pie a un sector saboteado de manera sistemática durante cinco sexenios no se logrará de un día para el otro, pero la sociedad entera debe dar un paso al frente en el esfuerzo para recuperar lo que le fue robado.