Víctor M. Toledo

En un país donde tres décadas de neoliberalismo dejaron cientos de conflictos ambientales, batallas donde el Estado y el capital se unieron para implantar proyectos mineros, hidráulicos, turísticos, energéticos, carreteros, agropecuarios, industriales, etcétera, que dañaron a los ecosistemas y al ambiente y a comunidades de muchas regiones, existen resistencias heroicas de la sociedad civil organizada. Esas resistencias ciudadanas deberían ser reconocidas y apoyadas por un gobierno que debe llevar como consignas centrales acotar la voracidad del capital y empoderar a las organizaciones sociales. Las líneas siguientes hacen un recuento, incompleto por razones de espacio, de algunas de las resistencias ambientales más notables que continúan sin ser atendidas.

En los Valles Centrales de Oaxaca desde hace 15 años surgió una iniciativa ejemplar por la que 16 comunidades zapotecas se organizaron para conformar la Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), y realizar obras de captación y retención de agua con la finalidad de resolver la problemática de escasez del líquido y recuperar el acuífero. Durante este lapso, en la que las comunidades también ejercieron sus derechos como pueblos originarios, la Copuda logró la recuperación de los manantiales de tal suerte que a partir de 2015 iniciaron un proceso de negociación para que el gobierno federal levantara la veda y reconociera a las comunidades su derecho al acceso, aprovechamiento, administración y conservación del acuífero. Esto felizmente se logró el 12 de octubre del 2019, cuando, en un ambiente festivo, se signó el acuerdo por parte de la Conagua, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Semarnat. Hoy, más de un año después, el decreto que debería haber sido publicado de inmediato ha sido inexplicablemente detenido por la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, la cual o ignora el proceso o se niega a dar el dictamen correspondiente.

Un segundo caso es el de la Selva Lacandona en Chiapas, región que ha padecido una casi eterna conflictividad agraria y donde se encuentra asentada la Reserva Montes Azules con una superficie original de 300 mil hectáreas. Tras décadas de ingobernabilidad, el 6 de agosto de 2019 la Procuraduría Agraria logró un hecho histórico: la elección de las autoridades agrarias mediante asamblea general de las comunidades ahí asentadas, formada por mil 600 familias de tres diferentes culturas (lacandones, tzeltales y choles), quienes son los legítimos poseedores de la extensa masa selvática de esa región. En un conjunto de acciones ejemplares, esas autoridades agrarias lograron acuerdos con 34 asentamientos y ejidos irregulares, los cuales se comprometieron a respetar los límites de sus propiedades y a contribuir a la conservación de la selva. Este logro, que no hizo ningún gobierno durante cuatro décadas, ofrece un escenario muy favorable para implementar un proyecto de conservación y desarrollo social. Lamentablemente, la Secretaría de Gobernación que tiene a su cargo la negociación, mantiene congelado el caso.

Otro ejemplo son las comunidades de Temacapulin, Acasico y Palmarejo que luchan desde hace años por no desaparecer bajo las aguas de la presa El Zapotillo, en Jalisco, cuya conclusión ha sido detenida por el nuevo gobierno, aunque se programaron varios millones de pesos para 2021. Una situación similar es la del municipio de Cacahuatepec, en Guerrero, cuyas comunidades se oponen desde hace 15 años a la presa La Parota, hidroeléctrica de la CFE en el río Papagayo y donde han sido asesinados una decena de comuneros además de numerosos dirigentes encarcelados por oponerse a la presa. En la misma tesitura se encuentran Capulalpan, en la Sierra Norte y varias comunidades de los Valles Centrales, ambas en Oaxaca, que batallan contra mineras. Otro caso es el de las 232 comunidades nahuas y totonakús, en la Sierra Norte de Puebla, que se han organizado desde 2014 para defender su territorio en Puebla y Veracruz contra varios proyectos hidroeléctricos, mineros, turísticos y energéticos, y que a la fecha han efectuado más de 30 asambleas regionales. La lista sigue: en Yucatán, contra las granjas porcícolas; en Sonora, por la recuperación del río contaminado por el accidente de la minera del Grupo México; en Sinaloa, contra la fábrica de amoniaco; en Coahuila, contra el basurero tóxico de General Cepeda; en Morelos, contra la termoeléctrica… En fin, bien haría el gobierno de la 4T en crear un órgano especial de carácter multisecretarial, que atienda y resuelva estos conflictos, dejando con toda claridad de qué lado se encuentra. La sociedad mexicana lo demanda.