El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentaron un informe conjunto en el cual se señala que mil 300 millones de niños de entre 3 y 17 años no tienen acceso a Internet en sus hogares.

Lo anterior supone que dos terceras partes de los menores en edad escolar se encuentran marginados de la principal vía de acceso a la educación durante la pandemia en curso, y la situación apenas mejora entre los jóvenes de 15 a 24 años –es decir, aquellos que se encuentran en los niveles medio superior y superior–, pues 63 por ciento de ellos no cuentan con Internet en su domicilio.

Según Naciones Unidas, existen diferencias brutales entre las naciones de altos y bajos ingresos, pues mientras en las primeras, nueve de cada 10 niños en edad escolar pueden conectarse a la red en su casa, en los países pobres apenas uno de cada 20 tiene esa posibilidad.

La situación en México dista de ser tan dramática como la que se presenta en los países del África subsahariana y Asia meridional, pero resulta, sin duda, muy preocupante: en mayo pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportaba que 13 millones de personas, equivalentes a 10 por ciento de la población nacional, no contaban con ningún punto de acceso a Internet.

El mismo mes, la Secretaría de Energía informó que alrededor de un millón 600 mil personas viven en hogares sin energía eléctrica, cifra relativamente pequeña respecto de la población total del país, pero la carencia de ese servicio básico es devastadora para la calidad de vida de quienes se encuentran en esa situación y, particularmente, para el desempeño de los estudiantes.

Ante este panorama de exclusión digital e incluso energética, queda claro que la pandemia de Covid-19 no sólo es un desastre mundial en los ámbitos sanitario y económico, sino también en el plano educativo.

La conversión súbita de las tecnologías de la información y la comunicación –vehículos principales o únicos de los procesos de enseñanza escolar– hizo del combate a la marginación informática el desafío más inmediato e ineludible para lograr una mínima eficiencia del sistema educativo durante el tiempo que haya de durar la emergencia sanitaria, y más allá de ésta.

Otros desafíos no menos acuciantes se encuentran en la necesidad de avanzar hacia la construcción de un nuevo paradigma educativo, que incluye, pero no se agota, en los planes y programas de estudio para responder a los efectos perdurables de la pandemia.

Al respecto se ha hecho evidente que algunas dinámicas iniciadas o generalizadas en respuesta al confinamiento social y las medidas de sana distancia no desaparecerán cuando el coronavirus deje de amenazar la salud humana, sino que pasarán a formar parte permanente de la cotidianidad.

De manera adicional, hay toda una serie de interrogantes sobre el impacto de las tecnologías digitales en la salud física y mental de los educandos, así como en torno de la eficiencia pedagógica de las clases virtuales, por lo que no sólo es preciso garantizar el acceso informático, sino adecuarlo a las funciones específicas que debe cumplir.

En suma, hay por delante una ardua labor de investigación, reflexión, planificación y desarrollo de infraestructura para que nadie se quede fuera de los cambios en materia educativa; es decir, con el fin de que las desigualdades socioeconómicas dejen de traducirse en rezago o exclusión educativos.