El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó ayer un informe sobre la situación de las personas desaparecidas y las acciones oficiales en la materia. De acuerdo con las cifras dadas a conocer, de 2006 a la fecha se ha notificado la desaparición de 189 mil personas, de las cuales 112 mil ya fueron localizadas; 104 mil con vida y 7 mil 82 (poco más de 6 por ciento) sin vida. De esta manera, se tiene un registro de 77 mil 178 personas cuyo paradero se desconoce, 18 por ciento de las cuales fueron reportadas de diciembre de 2018 a la fecha, es decir, durante la actual administración federal.

Un capítulo especial de este horror lo conforman las 4 mil 92 fosas clandestinas localizadas hasta ahora, de las cuales se han exhumado 6 mil 90 cuerpos. Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas concentran 49.5 por ciento del total de fosas ubicadas en el país. El subsecretario informó que durante el sexenio se ha localizado y exhumado a mil 957 personas en estos enterramientos ilegales, se ha identificado a 41 por ciento de ellas y se han entregado 806 cuerpos.

Queda claro que el país sigue cargando con esta tragedia y que se encuentra lejos de ponerle fin, no sólo por la enorme cifra de casos acumulados, sino porque el año pasado se registró el mayor número de reportes, mientras en lo que va de éste se han denunciado, en promedio, 15 desapariciones diarias. Si bien es posible que este repunte se deba en parte a una mayor confianza para denunciar ante las autoridades, el número de víctimas resulta atroz y abrumador.

El informe corroboró también una extendida percepción social: en la mayor parte del país, 90 por ciento de las desapariciones están asociadas con el crimen organizado. Ello remarca el importante pendiente del gobierno federal en lo que respecta a la desactivación de los grupos delictivos que perpetran esta barbarie como forma de intimidación sobre sus rivales y las poblaciones en las que se establecen.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad de la Cuarta Transformación –cuyo énfasis se encuentra en el fortalecimiento del estado de derecho, el bienestar socioeconómico y los derechos humanos– supone un enfoque ética y socialmente correcto, pero todo indica que no rendirá los frutos esperados en el corto plazo. No se trata de que las actuales autoridades resuelvan de la noche a la mañana una problemática gestada durante décadas de indolencia y complicidad, pero sí de urgirlas a que planteen acciones efectivas para evitar que ocurran nuevas desapariciones.

Poner fin a este drama y hacer justicia a las víctimas es un deber legal, pero ante todo humanitario: la desaparición es un delito que destruye tanto a las familias como sus entornos sociales, que deja a las personas en una zozobra total y las condena a una agonía sin término, por lo que los esfuerzos para erradicar este crimen deben ser proporcionales al daño que causa.