Fabrizio Lorusso

Ante el aumento repentino de distintas formas de violencia en Guanajuato (shar.es/abqBxs), una parte de la población no se ha quedado de brazos cruzados y ha desafiado las barreras del miedo, de la soledad individualista y de la estigmatización que rodeaban a las víctimas.

Si no se hubiesen rebelado colectivamente al status quo de negación y criminalización de las desapariciones por parte de las autoridades, empeñadas en desmentir la presencia de fosas clandestinas, en dificultar la participación ciudadana en temas legislativos, de búsqueda y de atención a víctimas, en ocultar cifras o restringir el acceso a los semefos, los familiares de las y los desaparecidos no habrían conseguido avanzar en su búsqueda. Pero sí lo hicieron.

Maricela Peralta, quien busca a su hermano Jorge Ismael, desaparecido en Celaya en 2018, el 16 de enero pasado, en Irapuato, expresó a la prensa lo que se vive en el estado: “esto que ven, esto es el Guanajuato que no le gusta al gobierno. Éste es el tejido social que se está resistiendo a terminar quebrantado porque estamos hablando de familias que están destrozadas, que se han quedado sin padres, sin proveedores, sin hijos, sin salud… hablamos de un Guanajuato empoderado económicamente, pero en desapariciones, pues allí la llevamos también a de la primera, ¿no?” Detrás de ella, las compañeras del colectivo A Tu Encuentro formaban un manto protector con las fotos de sus seres queridos.

Pocas palabras claras: tejido social, dolor y resistencia ante las desapariciones. El mensaje era dirigido a las autoridades, ya que el colectivo acababa de reunirse con el gobernador Diego Sinhue, pero también a una sociedad que padece de extremos desgarramientos e indiferencia hacia las víctimas. El compromiso, tomado en esa ocasión, de abrir mesas de trabajo formales con metodología, fechas establecidas, escrutinio público y participación de colectivos con funcionarios estatales todavía no se ha cumplido.

En Guanajuato hay dos colectivos históricos. El colectivo Cazadores reúne a las familias de ocho cazadores de León que fueron desaparecidos por policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas, el 4 de diciembre de 2010. Desde entonces buscan justicia y la verdad.

Justicia y Esperanza agrupa las familias de 22 migrantes de San Luis de la Paz, desaparecidos el 7 de marzo de 2011 en camino hacia Estados Unidos: tomaron el autobús y ya no se supo de ellos. Lo acompaña la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y es parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

En 2012 el Movimiento por la Paz, encabezado por Javier Sicilia, en su paso por León, cobijó también a familias de Guanajuato. Desde el año anterior algunas víctimas del estado se habían unido a Fundec-Fundem, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, luego formaron la región centro del movimiento. Asimismo, el colectivo Búscame-Buscando Desaparecidos México tiene presencia en Irapuato y sus representantes, Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, y Grace Fernández, hermana de Dan y consejera ciudadana del Sistema Nacional de Búsqueda, han apoyado a familias en campo y a activistas en distintos foros y actos.

Estas experiencias, ejemplo de perseverancia, aún no se habían articulado en un movimiento estatal más amplio hasta hace pocos meses, cuando la conciencia del dolor común y la explosión de la problemática en la entidad detonaron la unión de cinco familias que, en noviembre de 2019, fundaron en Irapuato el colectivo A Tu Encuentro. Así, se fueron sumando energías de más víctimas de la violencia reciente, de académicos y defensores de derechos humanos, de unos colectivos prexistentes y organizaciones nacionales que propiciaron el crecimiento del grupo y su posibilidad de incidencia. Sin embargo, el diálogo, los apoyos y las negociaciones con el gobierno tuvieron que convivir con amenazas, tergiversaciones y, más recientemente, con detenciones y represión policiaca ( shar.es/abqVuH).

Guanajuato vive una crisis de desapariciones cada vez más compleja, pero la fiscalía no ha entregado a la Federación información actualizada: la Comisión Nacional de Búsqueda señala 840 casos, pero datos obtenidos de la Unidad de Transparencia en octubre y diciembre de 2019 arrojan un mínimo de mil 40 y un máximo de 2 mil 104 personas desa-parecidas. La Ley de Búsqueda y la Ley de Víctimas fueron promulgadas en junio, con tres y siete años de retraso respecto de las correspondientes leyes generales. La Comisión Estatal de Búsqueda se acaba de instalar, mas el proceso fue contestado porque no hubo transparencia ni participación de las familias.

Ya surgieron nuevos colectivos como Buscadoras Guanajuato, que integra 11 familias de León desde marzo pasado, y Mariposas Destellando-Buscando Corazones y Justicia, presente en cuatro estados desde 2018, que tiene representación en Salvatierra y acompaña a 26 familias guanajuatenses. El 15 de julio, junto con Justicia y Esperanza y el grupo Cazadores, los cuatro grupos formaron el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato (shar.es/abqPPM), que lucha para ejercer su derecho a participar e incidir en búsquedas, investigaciones, atención a víctimas y políticas públicas. Hasta encontrarles.