De acuerdo con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusó de manera formal a quien fue presidente y su secretario de Hacienda –en referencia a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso– de ordenarle recibir una serie de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y repartir el dinero de esas operaciones ilícitas entre asesores extranjeros que trabajaron para la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.

El ex funcionario también señaló que la multinacional repartió 120 millones de pesos entre varios legisladores a cambio de que éstos votaran a favor de las reformas estructurales aprobadas entre 2013 y 2014.

Los mismos legisladores habrían recibido otros 84 millones de pesos para procesar el proyecto Etileno XXI, el cual fue entregado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a Odebrecht y una empresa mexicana, y que significó un grave quebranto para el Estado mexicano.

En respaldo de sus afirmaciones, Lozoya Austin presentó los testimonios de cuatro testigos, recibos del dinero involucrado y un video. Por su parte, el fiscal Gertz Manero comunicó que se efectuarán peritajes a las pruebas documentales presentadas, se entrevistará a los testigos y, en el caso de que sea procedente, se llamará a declarar a las personas imputadas.

Si bien por ahora no se conoce de ningún expediente abierto en su contra, en el cual se le relacione de manera directa con una investigación por corrupción, resulta cada vez más difícil que el ex presidente Peña Nieto logre mantenerse al margen de las pesquisas, de las que tampoco podrían librarse Videgaray y el resto de los señalados.

De prosperar las investigaciones en curso, el mexiquense se convertiría en el segundo presidente de la historia moderna de México (después de Luis Echeverría Álvarez) en ser sometido a un proceso legal, lo cual marcaría un doble hito al ser la primera vez que se enjuicia al antecesor inmediato del mandatario en funciones.

De manera adicional, lo que Lozoya dice estar dispuesto a sostener ante tribunales involucra a Felipe Calderón, cuya administración ya se encuentra bajo el escrutinio de la justicia en cortes de Estados Unidos, donde se siguen procesos penales contra los máximos encargados de su política de seguridad pública, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

En conjunto, lo que se observa es el principio de un proceso encaminado a exponer y sancionar la espesa podredumbre de la clase política desplazada del poder en 2018.

Es de esperarse que la justicia se aplique a fondo en este esfuerzo –el cual debe llevarse adelante sin miramientos, pero también sin abusos– para con todos los implicados en las tramas de corrupción de sexenios anteriores. Lo que está en juego es nada menos que la restauración del Estado de derecho y de la institucionalidad largo tiempo secuestrada por grupos de intereses inconfesables.

Por último, las declaraciones del fiscal general y el desarrollo del caso Lozoya-Odebrecht despejan la perspectiva, a la que se refirió en diversas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una consulta popular para decidir si se somete a juicio a los anteriores encargados del Ejecutivo.

Dicha propuesta introdujo un acento de ambigüedad en la aplicación de la justicia, porque contrastaba con la reiterada promesa del mandatario acerca de poner fin al encubrimiento. Ahora está claro que todo el asunto se encuentra en manos de la Fiscalía, un ente autónomo ante el cual la Presidencia no tiene más atribución que la de aportar información para el esclarecimiento de las investigaciones.