La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que sería caprichoso y arbitrario poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), adoptado por el ex presidente demócrata Barack Obama en 2012 para dar protección contra deportaciones y permisos de trabajo a los denominados dreamers –por encarnar el sueño americano de progreso mediante el estudio y el esfuerzo personal–. Este duro revés a los intentos del gobierno de Donald Trump para desmantelar cualquier medida legada por su antecesor supone un alivio para los más de 700 mil jóvenes cuya permanencia en Estados Unidos se encuentra amparada por DACA, así como una esperanza para los 600 mil migrantes que son elegibles para este programa, pero todavía no se han inscrito al mismo.

La resolución fue calificada por el magnate como balas en la cara de las personas que están orgullosas de considerarse republicanas y conservadoras, y es vista como una severa derrota de su política antinmigrante. Apenas el lunes, el máximo tribunal había emitido un dictamen que puso fin al pulso que Trump mantenía con el gobierno demócrata de California, la entidad más rica y poblada de la nación. Igualmente desfavorable a las pretensiones xenófobas del inquilino de la Casa Blanca, dicha sentencia establece la constitucionalidad de las leyes de santuario californianas, por las cuales ni las autoridades locales ni los empleadores privados del estado pueden cooperar con las autoridades federales en sus esfuerzos para localizar y deportar a todas las personas que no tengan en orden sus papeles migratorios.

Además, la medida se produce en una coyuntura doblemente difícil para el conjunto de los migrantes en suelo estadunidense, pues la odiosa persecución montada en su contra por Trump, en el afán de satisfacer los impulsos racistas y xenófobos del sector más duro de su electorado, se intensificó y se volvió más dramática, si cabe, a partir del inicio de la pandemia.

Cabe celebrar ambas decisiones del Poder Judicial estadunidense, y en particular la referente a la permanencia de los dreamers debe reconocerse como un acto de elemental decencia y humanidad. En este sentido, es necesario recordar que los dreamers son estadunidenses a todo efecto excepto por el negado reconocimiento legal: crecieron en Estados Unidos, se encuentran plenamente integrados en su cultura y en su sociedad, muchos de ellos ni siquiera tienen recuerdos de su vida antes de llegar a este país, y contribuyen de manera decisiva al desarrollo de sus comunidades y para permanecer en ellas se les exige cumplir con estándares cívicos más elevados que los satisfechos por los ciudadanos legalmente reconocidos (por ejemplo, para inscribirse en el DACA es necesario encontrarse matriculado en una escuela, contar con un certificado de educación secundaria o haberse licenciado honorablemente de las fuerzas armadas).

Es deseable que estos hitos judiciales se conviertan en un punto de inflexión en la política migratoria de Washington, y que más pronto que tarde den paso a la regularización y la naturalización de unos jóvenes que no piden sino el derecho a permanecer en lo que consideran, y a todo efecto práctico es, su propio país.