Por votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la denominada ley Bonilla, un intento de reforma del artículo octavo de la Constitución de Baja California que habría permitido ampliar a posteriori de dos a cinco años el mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez. El engendro legal, aprobado por una amplia mayoría del Congreso local en octubre del año pasado, unos meses después de los comicios estatales en los que Bonilla fue electo para un periodo de dos años, fue impugnado por el Instituto Nacional Electoral y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El magistrado presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que la ley Bonilla alteraba los resultados de un proceso electoral concluido, violando el voto público y la soberanía popular. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que el intento de prolongar el mandato de Bonilla era un fraude a la ley y una manera de violentar la voluntad popular. De su lado, Juan Luis Alcántara Carrancá dijo que la resolución del Congreso bajacaliforniano violentó el principio de certeza jurídica y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la describió como prácticamente una relección con una potente carga histórica y como un ataque al corazón del sistema democrático. Sin ningún voto en contra, el máximo tribunal del país ordenó que rija el texto constitucional previo, según el cual Bonilla deberá dejar el cargo el 31 de octubre de 2021.

El fallo comentado no sólo restaura los principios democráticos básicos y la normalidad jurídica en la entidad, sino que representa un alivio para todos los sectores políticos del país, en la medida en que restablece reglas institucionales que no deben ser vulneradas, como alterar los términos de un mandato después de que éste ha sido otorgado. Por ello, la medida no sólo es celebrada como una victoria por los partidos de oposición –cuyos legisladores estatales votaron, por cierto, en favor de la impresentable prolongación del gobierno de Bonilla–, sino que constituye un hecho positivo para el partido gobernante en los ámbitos federal y estatal, Morena, que mucho habría perdido en términos de credibilidad si su nombre hubiese quedado asociado a la maniobra bonillista.

Un asunto de trasfondo que puede adivinarse tras esa intentona felizmente frustrada es el empeño de un sector empresarial de Baja California –articulado en torno al propio Bonilla, quien además de político es un acaudalado hombre de negocios– de imponer por encima de la legalidad los designios del dinero. Tal pretensión choca frontalmente con la determinación explícita de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador de emancipar el poder político del poder económico, una tarea a todas luces necesaria tras décadas en las que las instituciones públicas fueron supeditadas a los intereses corporativos. Así pues, el fallo comentado debe saludarse como un hecho positivo para la vida republicana de toda la nación.