Fue positiva a la postre la disonancia declarativa entre la Presidencia de la República y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) sobre la naturaleza del programa de financiamiento emergente acordado por ese organismo cúpula empresarial con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para ayudarles a sortear el parón económico causado por las medidas destinadas a contener la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en el país: ha quedado claro que, pese a las presiones iniciales de las cámaras empresariales y diversos actores políticos, la administración pública no lo adoptará como medida gubernamental, que no habrá recursos públicos comprometidos en su aplicación –ni como erogación ni como deuda– y que será simplemente un convenio entre particulares y el referido organismo financiero internacional.

Cabe recordar que desde que fue posible avizorar los desastrosos efectos que la propagación del coronavirus habría de tener en la economía nacional –como lo está teniendo, ciertamente, en todo el planeta–, el gobierno federal adelantó un conjunto de acciones para proteger de manera directa a los sectores más pobres de la población, conjunto que se ha ido ampliando en extensión y diversidad en las semanas transcurridas bajo la pandemia. También desde un inicio, las asociaciones de empresarios demandaron que las medidas económicas incluyeran subsidios, rescates o ayudas fiscales para las grandes y medianas empresas, lo que resultaba contrario a los lineamientos ideológicos y políticos y al programa económico de la Cuarta Transformación, la cual no sólo se propuso impulsar un desarrollo desde abajo, sino también suspender toda modalidad injustificada de transferencia de recursos públicos a manos privadas –salvo las que tienen un propósito redistributivo y de combate a la pobreza– como las que fueron impuestas en los sexenios anteriores con el saldo desastroso que todo mundo conoce.

En este contexto, el CMN negoció con el BID una modalidad novedosa de préstamos a particulares con la garantía de las facturas por cobrar que emiten miles de mipymes a nombre de las grandes empresas, las cuales suelen tardar tres meses, en promedio, para liquidarlas. De esta manera, las primeras podrán obtener la liquidez que requieren con urgencia para salvar la suspensión de actividades no esenciales. Según los términos del acuerdo, el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se limitaría a autorizar la operación dentro del BID –del que nuestro país es socio accionista–, sin que ello implique fungir como aval y mucho menos como contratante de deuda pública.

Si el programa logra concretarse en esos términos, se habrán dado dos pasos de gran importancia: por un lado, se obtendrán recursos frescos para financiar a miles demipymes en apuros, lo que sin duda contribuirá a aliviar el sombrío panorama económico, y por otro, se habrá esclarecido que el sector privado puede reposicionarse en la nueva realidad nacional para desempeñar un papel sin duda positivo que justamente no incluye la atribución fáctica que ejerció en el pasado inmediato de imponer a las instituciones los lineamientos de política económica; en suma, si el plan referido se lleva a cabo tal y como está planteado, se avanzará en el propósito de separar el poder económico del poder político.