El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, expresó ayer su enérgico rechazo a la iniciativa del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca para democratizar la elección del rector y de los directores de las facultades, escuelas e institutos de investigación de la máxima casa de estudios. En un mensaje dirigido a los titulares de los principales órganos de la cámara baja, Graue calificó la propuesta de intento de intromisión en la vida universitaria y denunció la existencia de una escalada contra el principio básico e irrenunciable de autonomía de las instituciones universitarias.

La iniciativa presentada el martes por el legislador de Morena, la cual ya fue retirada por el grupo parlamentario de dicho partido, consideraba modificaciones a la ley orgánica de la UNAM a fin de que las autoridades universitarias fueran elegidas por sus propias comunidades (profesores, alumnos y trabajadores) por medio de elecciones abiertas, equitativas, competitivas y transparentes, a través de voto libre y secreto.

Como dejan patente tanto la reacción del rector como la ausencia de apoyo de sus correligionarios, la propuesta del diputado Jáuregui constituye un despropósito porque pretende trasladar de manera mecánica los postulados de la democracia representativa a una institución cuya naturaleza y razón de ser obligan a conformar direcciones expertas, elegidas mediante mecanismos específicos, pero también porque resulta poco responsable presentar un planteamiento de tal calado en momentos en que la UNAM atraviesa un delicado conflicto interno, cuya resolución exige toda la voluntad de la comunidad universitaria.

Dicho lo anterior, es innegable que desde tiempo atrás se han instituido en la máxima casa de estudios cotos de poder académicos y administrativos, cuyas prácticas gravitan en contra del sano desenvolvimiento de la propia universidad, que operan de manera opaca en el desempeño de sus funciones y que no necesariamente se manejan en función de los intereses académicos ni de las necesidades de la comunidad universitaria; por el contrario, perjudican la consecución de los propósitos institucionales. Por todo ello, es difícil poner en duda la necesidad de democratizar y abrir los órganos universitarios a fin de que éstos respondan a las demandas de actualización postuladas por diversos actores en el seno de la propia universidad.

Lo que debe quedar claro a los legisladores, así como a cualquier otro actor político o económico, es que la revisión de las formas de gobierno de la UNAM compete de manera exclusiva a la comunidad universitaria, la cual deberá decidir en el marco de su plena autonomía acerca de la pertinencia de su régimen interno.