Luis Hernández Navarro

Cada día, la situación en la UNAM se complica más. La primera semana de clases en esa institución resultó agitada y enredada. Concluyó con nueve escuelas con labores suspendidas, cerca de 70 mil alumnos sin clases y dos amenazas de bomba. En el horizonte se vislumbra una huelga indefinida.

La fuerza que anima las protestas son jóvenes estudiantes universitarias. En el centro de su inconformidad se encuentran multitud de casos documentados de acoso y violencia de género (algunos hechos públicos en las redes), la inseguridad en los planteles y la negligencia de las autoridades. Acusan a los funcionarios universitarios de ser omisos a las necesidades de las alumnas y encubrir acosadores y violadores. Señalan que la UNAM no es un espacio seguro para las mujeres.

Están convencidas de que el protocolo universitario para atender los casos de hostigamiento y acoso las deja solas. Hacer la denuncia formal –aseguran– es un proceso ineficaz. La universidad no les brinda protección ni las acompaña a ponerla. Además, la denuncia formal no garantiza consecuencias legales.

Las autoridades universitarias parecen no enterarse de lo que tienen enfrente. Menos del rumbo que toma la confrontación. Lejos de solucionar el conflicto, los manotazos en la mesa del secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, exigiendo a las paristas que entreguen las instalaciones, o la decisión de que en la Preparatoria número 9 se den en las clases extramuros, van a exacerbar los ánimos.

En lugar de escuchar los anuncios de la tormenta que se avecinaba, el equipo del rector Enrique Graue se concentró en sacar adelante su relección. Menospreció a las estudiantes e ignoró el calado de su inconformidad. En los hechos, hoy están rebasados. Y ni siquiera se dan cuenta de que lo están. Su operación política ha sido fatal.

Las señales del tsunami que se les venía encima estaban a la vista. Las movilizaciones con que la comunidad universitaria respondió a las salvajes agresiones de porros a una marcha estudiantil, el 3 de septiembre de 2018, anticiparon lo que se avecinaba.

En esas jornadas de lucha, afloraron denuncias de acoso sexual y comportamiento indebido contra maestros universitarios, y el hartazgo de las alumnas con la impunidad de los acosadores. Así quedó plasmado en el punto 4 de la minuta de la asamblea interuniversitaria del 7 de septiembre de ese año, titulado Violencia de género y contra la mujer. Entre sus demandas se incluyeron puntos como la resolución de los casos de violencia de género, agresiones, feminicidios y desapariciones de miembros de la comunidad universitaria.

Era evidente en ese momento, que los funcionarios universitarios habían respondido a esas violencias con dejadez e indolencia, como si no pudieran remediarlas. En cambio, los jóvenes las consideraban inadmisibles y exigían acciones eficaces (punto 5 del pliego petitorio). Para ellas, las autoridades eran omisas e insensibles con la problemática.

Glitter y rabia. Señales adicionales del clima que afloraba se mostraron con el surgimiento del #MeToo mexicano en marzo de 2018: las marchas de mujeres del 12 y 16 de agosto, 19 de septiembre y 25 de noviembre de 2019, en que se grafitearon monumentos históricos, se rompió mobiliario urbano, y se le prendió fuego a la puerta de la Cámara de Comercio y a una estación de policía; y el performance masivo de El violador eres tú en el Zócalo de la Ciudad de México y en multitud de plazas públicas. Evidencia adicional fue la masiva participación en los dos encuentros internacionales de mujeres que luchan, convocados por el EZLN en Chiapas.

En el país (y en toda América Latina), hay un movimiento feminista emergente, que va más allá de la UNAM pero, por lo pronto, se ha concentrado en ese espacio. Se alimenta de una nueva sensibilidad social (especialmente entre las mujeres más jóvenes) y nuevos baremos. Sus reivindicaciones son di­fíciles de atender. La radicalidad de sus acciones no está acordada por los colectivos escolares. Sus participantes las justifican en nombre de los agravios que han padecido y la legitimidad de sus demandas.

Sin ser el núcleo del conflicto, genera turbulencias adicionales el que la 4T quiera controlar el presupuesto de las universidades. Como ha quedado claro en el caso de varias instituciones públicas de educación superior, no le gusta la autonomía realmente existente de éstas, y busca controlar los recursos que hoy administra la nomenclatura universitaria. En ese marco, aprovechará los conflictos internos para debilitarla, o negociar con ella cuando esté contra la pared. No le interesa defender a ningún rector.

En un país como México, en el que cada día se asesina a 10 mujeres, la protesta de las jóvenes universitarias de la UNAM es una severa llamada de atención de que esa violencia ha llegado a un punto límite. Todo parece indicar, que va en ascenso. Si las autoridades de la UNAM mantienen su ceguera ante lo que están viviendo y se empecinan en tratar de deslegitimarlo o doblegarlo, el conflicto entrará a un nivel de complejidad de muy difícil solución.