Giovanna Gasparello*

En la víspera de la licitación de dos tramos de la ruta del Tren Maya, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, y Miguel Torruco, secretario de Turismo, inauguraron hace una semana en Madrid el pabellón del Caribe Mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Promovieron los destinos de Bacalar, Chetumal y Mahahual, lugares de reciente incorporación a la industria turística de Quintana Roo. Para la actual administración federal, el desarrollo del sureste mexicano está definitivamente ligado a la economía del turismo, en función de la cual se concibe el megaproyecto Tren Maya.

Sin embargo, frente a las decantadas bondades de la economía turística como panacea para una vida mejor, testimonios de quienes viven en la costa quintanarroense, incluso en las localidades aún marginales para el turismo de masas, coinciden en una preocupación común: el incremento de la violencia por la presencia de grupos criminales. Observando la trayectoria de Cancún y la región turística denominada Riviera Maya, se proyecta una tendencia en la cual el crecimiento de la industria turística se acompaña del incremento de la incidencia delictiva, entre otras variables. Aquí la industria turística ha impulsado el desarrollo complementario de la economía legal –marcada por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, culturales, laborales, ambientales– y la economía ilegal estrictamente imbricada a la primera. La economía criminal se articula en diferentes giros: el tráfico, principalmente de cocaína, hacia Estados Unidos; la venta directa en el próspero mercado local, que incluye también la red de prostitución en los clubs nocturnos; y la reinversión blanqueada en los desarrollos inmobiliarios de las ganancias obtenidas, favorecida por las administraciones de Villanueva (1993-1999) y Borge (2011-2016).

Entre los indicadores que muestran el incremento de la violencia ligada a la criminalidad organizada, los homicidios dolosos son tal vez el dato más contundente. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2019 el número de homicidios intencionales en Quintana Roo alcanzó una tasa de 39 por cada 100 mil habitantes, rebasando la media nacional de 28.3. Los otros estados de la península, con un desarrollo turístico menor, presentaron tasas de incidencia delictiva mucho menores (Campeche con 7.2 y Yucatán 1.3 homicidios dolosos por 100 mil habitantes). La ciudad de Playa del Carmen –o Playa del Crimen, como es conocida por los lugareños– denota una emergencia insoslayable: la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes llega a 83.1 en 2019, casi tres veces la media nacional.

Si la situación en los afamados paraísos del ocio del Caribe es alarmante, el contexto en los nuevos destinos que Joaquín y Torruco promovieron en la Fitur muestra una idéntica tendencia. El enfrentamiento acontecido el 27 de enero entre el Ejército y el grupo armado que defendía una avioneta cargada con alrededor de 800 kilos de coca colombiana, es el más reciente de una larga serie de hechos violentos que posicionan el sur de Quintana Roo como zona estratégica para el trasiego del codiciado polvo blanco. El narco-triángulo, entre Bacalar y Othón P. Blanco y que se extiende hacia la frontera con Belice y Campeche, se ha vuelto en años recientes un destino para la recepción de velívolos procedentes de Centro y Sudamérica. En 2017 se encontró un jet abandonado; en 2018 fueron tres las narcoavionetas que se hallaron calcinadas en la región; mientras en 2019 se desplomaron un jet y dos avionetas con cargamentos de cocaína.

Bacalar dista pocos kilómetros de la costa donde las embarcaciones de los narcotraficantes sueltan el tiburón blanco, paquetes de cocaína que son recogidos y direccionados en la ruta terrestre hacia el norte del estado, o embarcados clandestinamente en cruceros internacionales que atracan en el puerto de Majahual. Cuando tienen suerte, los pescadores de Xcalak, comunidad fronteriza, en su playear pescan algún paquete perdido entre el sargazo.

El estudio de las cifras del SNSP devela la elevada incidencia en homicidios dolosos (38 por 100 mil hab. en 2018) en Bacalar, escasamente poblado y prevalentemente rural. Su atractivo es la laguna De los Siete Colores, muy codiciada por un incipiente desarrollo turístico desde su declaración de Pueblo Mágico y que aumentaría exponencialmente con la instalación de la estación del Tren Maya. Actualmente Bacalar reúne en menor escala todos los problemas que acompañan el turismo como máquina de despojo: cercamiento de la ribera de la laguna y de los cenotes, privatización del acceso al agua; despojo violento de tierras ejidales y privadas; colusión de las autoridades municipales, especulación de tierra y para la construcción, ausencia de ordenamiento territorial y ecológico, contaminación ambiental, etcétera.

En conclusión, considerando el objetivo declarado del proyecto Tren Maya de impulsar la economía del turismo y la creación o ampliación de núcleos urbanos con vocación exclusivamente turística, en el contexto social y político que actualmente caracteriza a la península, es evidente la tendencia que multiplicará en los nuevos polos de desarrollo las problemáticas ya presentes, particularmente en relación con el incremento exponencial de la violencia criminal. ¿Quiénes serían, en tal contexto los beneficiarios del desarrollo económico? ¿Qué dimensiones de la economía y cuáles negocios prosperarían?