Asa Cristina Laurell

En su artículo más reciente en la revista Nexos, Julio Frenk et al rechazan que la reforma que impuso el Seguro Popular sea una (contra) reforma neoliberal. Cuando el economista colombiano Londoño y Frenk lanzaron en los años 90 el esquema de esta reforma la llamaron Pluralismo Estructurado. La razón de nombrarlo así fue que impulsaría dos procesos: la competencia entre los administradores de fondos/compradores de servicios y los prestadores de servicios (pluralismo), cuyo resultado serían mejores servicios y más baratos. Sería además especialmente importante romper el monopolio estatal sobre los servicios de salud para que la iniciativa privada floreciera. Competencia y promoción estatal de la privatización son, como se sabe, dos de las características de la economía neoclásica/neoliberal. El Seguro Popular fue la segunda fase de la (contra)reforma en salud que siguió al ajuste fiscal en 1983, cuando se redujo el gasto en salud por lo menos en 50 por ciento, tanto de los servicios de seguridad social como de los de la población abierta.

Hay que recordar que se intentó imponer el Pluralismo Estructurado no sólo en estos últimos servicios sino también en la (contra)reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1995/97. Los objetivos de la reforma no se hicieron públicos por la gran resistencia popular que enfrentó, pero en los documentos de evaluación del Banco Mundial se constata que era una condición del préstamo a México que un número creciente de administradores de fondos (aseguradoras privadas) deberían introducirse en el IMSS, por lo que sus servicios de primer nivel deberían estar sujetos a la libre elección del paciente en competencia entre sí y con los privados. De la misma manera, los hospitales deberían ser independientes y competir con los privados. Afortunadamente no ocurrió así por la resistencia de amplios sectores de la población, funcionarios constructores del IMSS y su sindicato. Este modelo de reforma fue aprobado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) con Felipe Calderón, pero no se impuso en la realidad.

Se vanagloria Frenk de un incremento en el presupuesto de salud gracias al Seguro Popular como si fuera el único camino posible para fortalecer las finanzas en el sector salud, como dan testimonio la mayoría de los países desarrollados, con excepción de Estados Unidos. Observe que aplica el mantra neoliberal no hay otro camino que el mío, cuando en realidad es uno de varios mecanismos posibles, dado que los recursos provienen principalmente de la hacienda púbica federal y en una proporción mucho menor de los estados. Festeja además que el Seguro Popular ha logrado incrementar el acceso a servicios de salud en la definición del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) de este parámetro. Sin embargo, esta misma institución ha demostrado en un extenso estudio que es un indicador malo, dado que no mide acceso efectivo, sino afiliación al Seguro Popular, lo cual no es garantía de acceso a lo requerido.

Causas importantes de la falta de acceso a los servicios de los afiliados al Seguro Popular son diversas restricciones, entre las cuales las más graves se refieren a los padecimientos de alto costo, los llamados gastos catastróficos. La mayor parte de los cánceres de adultos están excluidos, los traumatismos más graves, accidentes cerebrovasculares e infartos después de los 60 años, etapa en la que son más frecuentes. Aparte de las restricciones relacionadas con las múltiples exclusiones está la mala calidad de los servicios, su escasez o franca ausencia. Quien se ha tomado la molestia de visitar los establecimientos que ofrecen Seguro Popular ha podido observar en qué condiciones se encuentran. Hay estados con buenos servicios para la población abierta, pero una proporción alta está en condiciones lamentables, como ha constatado la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud en su censo estratégico y sus visitas de campo. Desde luego esta catastrófica situación no se logra discernir detrás de un escritorio.

Por último, es preciso señalar la extensa corrupción a la cual ha dado lugar el Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación la ha demostrado en la mayoría de las investigaciones que ha realizado y no pocos altos funcionarios de los servicios estatales de salud han sido sancionados, incluso con penas corporales. Estos fraudes o desvíos de recursos son particularmente cínicos, ya que la salud y la vida de las personas están de por medio. El código de ética de la 4T es no mentir, no robar y no fallar al pueblo, código que hacía mucha falta, pero que muchos no han entendido y aún menos aplican.

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