John M. Ackerman

La gran noticia no es que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, se haya escapado temporalmente de la acción de la justicia, sino que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está demostrando que no respetará los viejos pactos entre el Cártel de Sinaloa y el Estado mexicano. La osadía del gobierno federal de intentar detener a Ovidio el jueves pasado en Culiacán simboliza el principio del fin del narcoestado mexicano consolidado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Antes, los capos no tenían miedo. Se entregaban a las autoridades y se paseaban tranquilamente con sus esposas puestas frente a los medios de comunicación con la confianza de que tarde o temprano el gobierno o los jueces los dejarían libres. Los narcos tenían tan profundamente infiltrado al Estado mexicano, que no tenían problema alguno en participar en el show orquestado por sus amigos en el poder.

El juego teatral de las capturas y fugas del mismo Guzmán Loera constituye un excelente botón de muestra. Solamente la intensa presión de Washington en la coyuntura del cambio de gobierno entre Barack Obama y Donald Trump en enero de 2017 obligó al gobierno de Peña Nieto a extraditar a El Chapo. Tal y como lo afirmó Archivaldo Guzmán en entrevista con el periodista Ernesto Rodríguez el año pasado:Mi padre había puesto su confianza en el gobierno mexicano y éste lo entregó a los estadunidenses como trofeo. Nunca podré perdonarlos.

La excepción comprueba la regla y esta afirmación sólo confirma la estrecha relación de confianza que existía entre el Cártel de Sinaloa y los gobiernos anteriores, algo también evidenciada en el importante reportaje que publicó Sean Penn en Rolling Stone Magazine en 2016.

Pero hoy los criminales saben perfectamente bien que una detención bajo la administración de López Obrador implica una verdadera sumisión a la justicia. Se han roto los vasos comunicantes entre los narcotraficantes y el gobierno, y la única arma que les queda es la hostilidad.

La violencia es siempre la vía de los débiles. Quien está en control, quien cuenta con una hegemonía política y un liderazgo legítimo sobre una región o una población no tiene que utilizar las armas para imponer su ley. Es solamente cuando el control se rompe que es necesario recurrir a las armas. Así que el levantamiento armado en Culiacán en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán no fue una muestra de fuerza, sino de enorme debilidad de parte de los narcotraficantes frente a un gobierno cada vez más honesto y legitimado.

Otro elemento clave es que el operativo del jueves pasado fue conducido de manera totalmente independiente y soberano por el gobierno federal. No intervinieron autoridades ni del estado de Sinaloa ni de Washington.

Ello marca una diferencia radical en comparación con las capturas de alto perfil de los sexenios pasados, en las que participaron activamente tanto los narcogobernadores como los agentes de Washington. Por ejemplo, la aprehensión de El Chapo, el 22 de febrero de 2015 en Mazatlán, fue dirigida directamente por agentes de la DEA, la CIA y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos vestidos con uniformes de la Marina de México, de acuerdo con testimonios oficiales de participantes en el operativo. La nueva soberanía de México en materia de seguridad queda clara con las declaraciones de un par de agentes estadunidenses a la revista Proceso de esta semana. La cooperación que tenemos con el nuevo gobierno (de López Obrador) no es igual a la que había en el pasado, afirma uno.Hay una confusión. La prensa mexicana comenzó a decir que se intentó capturar a Ovidio por exigencia nuestra. Falso. De haber ocurrido eso, hubiéramos pedido la intervención de la Marina mexicana que está mejor preparada para operativos de alto riesgo, señala otro.

En este contexto, llama la atención la velocidad con la cual Washington ha corrido en supuesto auxilio del gobierno de Mexico. En lugar de condenar el fracaso del operativo, Trump y Christopher Landau han expresado su solidaridad y ofrecido su pleno apoyo. Y analistas como Edgardo Buscaglia, cuyas posiciones frecuentemente coinciden con las de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, sorpresivamente ha dejado de golpear al gobierno actual y enfocado sus críticas exclusivamente hacia los asuntos técnicos del operativo de Culiacán.

Todo parece indicar que Washington quiere sacar provecho de la actual situación, utilizando el fallido operativo como argumento para demostrar que México supuestamente no puede solo. Incluso surge la duda de si el caos de Culiacán, junto con el sospechoso operativo mediático y la circulación de noticias y videos falsos en redes sociales podría haber sido estimulado por el mismo gobierno de Estados Unidos precisamente con el fin de presionar al gobierno de México para regresar a los viejos tiempos de plena intervención extranjera en los asuntos de seguridad nacional.