José Murat

Apoco menos de dos años de las elecciones constitucionales e intermedias de 2021, se gesta y vislumbra una radical recomposición de las fuerzas políticas nacionales, el embrión de un nuevo sistema de partidos políticos.

La cartografía de las últimas tres décadas está llegado a su fin; los referentes ideológicos de la izquierda, la derecha y el centro se están desvaneciendo sin que el futuro termine de definirse.

Lo único cierto hasta ahora es que las elecciones de 2018 cambiaron la correlación política del país en un grado abrupto como nunca antes un acontecimiento lo había hecho.

La irrupción de un nuevo partido mayoritario restó fuerza a unos partidos, desdibujó a otros, y está llevando a la extinción a otros más. En ese clima nuevas agrupaciones están fermentando.

Para el partido que definió por siete décadas las reglas de la convivencia política y que retornó al liderazgo por un sexenio más, y cuya fuerza incontrastable llevó a pensadores como Octavio Paz a identificarlo y fusionarlo con el propio gobierno y el Estado nacional, uno de los tres pilares del sistema político mexicano en la visión de don Daniel Cosío Villegas, el PRI, cambiar es imperativo.

Con una nueva dirigencia nacional, emergida y legitimada por una elección de casi 2 millones de votos, mayor a cualquier otro proceso interno de cualquier fuerza política, el partido del presidencialismo metaconstitucional tiene que transitar al partido de la democracia horizontal, con una voz y una fuerza propia para incidir como actor de primer orden, y no como coadyuvante incidental, en la toma de decisiones nacionales.

Me refiero a la formulación de las leyes nacionales y estatales en ambas cámaras federales y los congresos locales, el diseño de las disposiciones municipales, la elaboración de los planes de desarrollo, las políticas públicas de los tres niveles de gobierno, y la conducción del debate nacional.

Una oposición fuerte, crítica y de ideas, no una fuerza lánguida, contestataria y obstruccionista.

El PRI es hoy todavía la principal organización territorial del país, no sólo por sus cuadros políticos diseminados en la geografía nacional, sino por la población nacional gobernada desde 12 ejecutivos estatales y la amplia mayoría de administraciones municipales.

Para ser una oposición firme y propositiva tiene que revisar su nueva oferta ideológica y programática para el México del siglo XXI, el país de jóvenes nacidos a partir dela última década de la centuria pasada, aquellos que según los estudios demoscópicos no se sintieron representados por su propuesta presidencial y legislativa en la más reciente contienda.

Eso significa depurar y actualizar su plataforma ideológica en el espectro de la socialdemocracia con sus propias especificidades, el pensamiento vanguardista de tolerancia a las diferencias, el Estado rector y el compromiso social; ejercicio que no puede hacerse desde la cúpula, sino desde una amplia consulta nacional y partidaria llevada –cuando lo determinen los órganos competentes, pero una decisión que no puede postergarse–, a la Asamblea Nacional, máximo órgano para procesar las grandes directrices y definiciones internas y de cara a la nación.

Un partido abierto a las alianzas con agendas debatidas y en torno a metas comunes, pero sobre todo un partido abierto a la sociedad mexicana.

Pero el cambio está tocando, obligado por las nuevas realidades, también a otras expresiones nacionales.

En el PAN, con algunos de sus ex dirigentes como sus principales críticos, no termina de definirse una postura de unidad para reposicionarse en el tablero político, pero hay una clara apuesta por revisar su nuevo papel ante la sociedad y ante el gobierno para ser de nueva cuenta una opción viable de gobierno.

El efecto más drástico del inédito resultado de las pasadas elecciones federales en los partidos tradicionales se está registrando en el ángulo de la izquierda: figuras relevantes del PRD han planteado la posibilidad de que ese partido sea cimiento y columna vertebral de otra organización política, nutrida de cuadros provenientes de diversos partidos: Futuro 21.

De concretarse esta iniciativa, no compartida por todos sus cuadros relevantes, desaparecería del espectro político una organización emblemática, matriz o coautora de importantes reformas que cambiaron el rostro de México, como la autonomía de los órganos electorales, la protección de los derechos humanos, la equidad de género, y el respeto a la diversidad social, entre otras.

También buscan su registro legal otras agrupaciones políticas, como cuadros provenientes del Panal; otra con desprendimientos del PAN en torno a personalidades destacadas que fueran sus directivos; una más, los cristianos que fueran parte importante del PES, entre otras.

El propio partido gobernante, Morena, tiene también el enorme reto de institucionalizar y consolidar su importante capital político, hacerlo transexenal, lo que implica, como primer desafío, renovar en noviembre próximo sus cuadros dirigentes en un marco de civilidad y unidad.

En suma, hay una profunda revisión interna y un reacomodo de las principales fuerzas políticas nacionales, cada cual con sus métodos y fórmulas.

No es un tema menor de interés privativo de sus militancias; es de interés público y nacional, de interés de todos los mexicanos, contar con un sistema competitivo de partidos, receptáculos de la diversidad que desde sus propios foros, y desde las cámaras legislativas, hagan realidad la máxima republicana de Montesquieu: los necesarios pesos y los contrapesos del poder público.