Con motivo de la entrega por escrito al Congreso de la Unión de su primer Informe constitucional de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer un mensaje, que fue presentado por el gobierno como tercer informe, en razón de que el mandatario hizo ya una primera evaluación de su gestión cien días después de su toma de posesión, el 11 de marzo, y una segunda, en el primer aniversario de su triunfo electoral, el 1º de julio.

De los muchos aspectos que el titular del Ejecutivo federal abordó ayer en una escueta ceremonia realizada en Palacio Nacional cabe mencionar cuatro de los más importantes: la lucha contra la corrupción y la impunidad, el avance de los programas sociales de la actual administración, el desempeño económico del país en los últimos nueve meses y lo realizado por su administración en materia de seguridad pública y pacificación.

En el primero de esos puntos está fuera de discusión que la Cuarta Transformación ha empeñado una voluntad política sin precedente y, tal como lo prometió en su campaña, López Obrador se ha atenido a tres lineamientos básicos: no emprender persecuciones por consigna ni utilizar políticamente el combate a la corrupción contra nadie, no encubrir ni proteger a alguien, respetar la autonomía de la Fiscalía General de la República y la soberanía del Legislativo y del Judicial. De manera significativa, el mandatario colocó en este capítulo el exitoso combate al robo de combustibles y a la evasión fiscal, habida cuenta de que en su visión ambos fenómenos son expresión de la deshonestidad de servidores públicos.

Otro rubro en el que puede apreciarse congruencia entre las promesas de campaña y los actos de gobierno es el lanzamiento de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, el programa de becas Benito Juárez, los créditos a la palabra y la pensión universal para adultos mayores.

Hasta ahora la ejecución de tales acciones de gobierno ha distado mucho de ser perfecta y se ha topado con obstáculos, distorsiones e insuficiencias diversas, pero es difícilmente rebatible que, en conjunto, esos programas marcan una diferencia inequívoca respecto de lo hecho por los gobiernos del ciclo neoliberal y que para la base de la pirámide social han empezado a significar una mejoría material concreta en varias décadas. No puede soslayarse, en contraste, que la política social del lopezobradorismo no ha conseguido proyectar un efecto positivo sobre el indicador macroeconómico más invocado –el crecimiento anual del producto interno bruto– y que la nueva estrategia oficial de paz y seguridad, del que los programas sociales son un componente fundamental, no ha rendido frutos a corto plazo: la inseguridad y la violencia delictiva siguen fuera de control en extensas regiones del país.

Aunque el Presidente ha señalado que el crecimiento va a ocurrir de abajo hacia arriba, la reactivación sigue siendo una asignatura pendiente de la actual administración. Y si ello genera nerviosismo y hasta exasperación en algunos sectores, la zozobra que crea la falta de seguridad es mucho más extendida. Debe mencionarse, finalmente, una omisión lamentable en el mensaje presidencial: la de la cultura. Y es que, salvo por escuetas menciones al proyectado centro cultural que habrá de desarrollarse en el Bosque de Chapultepec, a la Estrategia para el Fomento de la Lectura y a los tirajes masivos del Fondo de Cultura Económica, la política cultural del lopezobradorismo sigue siendo un enigma.