Desde las primeras horas de ayer, Rosario Robles Berlanga, ex jefa provisional de gobierno del Distrito Federal y ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se encuentra en prisión preventiva por decisión de un juez que encontró elementos para procesarla por ejercicio indebido del servicio público y por causar al erario un quebranto de más de 5 mil millones de pesos cuando se desempeñó al frente de esas dependencias en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por sí misma, la decisión judicial, adoptada con base en la acusación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de las Federación (ASF), generó un vasto impacto en la opinión pública y en los círculos políticos del país, no sólo porque en los tres sexenios anteriores no hubo un solo integrante del gabinete sometido a proceso penal, sino también porque la defensa de la hoy reclusa en la prisión de Santa Martha Acatitla arguyó que tanto Peña Nieto como José Antonio Meade –sucesor de Robles en la Sedesol y ex candidato priísta a la Presidencia– estaban al tanto de las irregularidades multimillonarias detectadas en su momento por la ASF, lo que podría llevar a ambas figuras políticas a comparecer ante el tribunal, ya sea en calidad de testigos o incluso de indiciados.

Esta situación sin precedente puede prefigurar un colapso de las redes de complicidad, encubrimiento e impunidad que se establecieron durante muchas décadas en las instituciones nacionales y que sirvieron de parapeto para el desarrollo de una corrupción tan voraz como monumental. Ese derrumbe daría paso, a su vez, a decenas de imputaciones en contra de altos ex funcionarios federales y estatales del pasado reciente sobre cuyo desempeño deshonesto no hay hasta la fecha más que inferencias y sospechas masivas.

Tal perspectiva se ve reforzada por el proceso penal pendiente en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), el primero prófugo de la justicia, y el segundo, en régimen de libertad condicional y sometido a un juicio de extradición en España. Ambos están acusados de provocar un grave daño al patrimonio nacional con la compraventa, a precio estratosférico, de una planta de fertilizantes que resultó ser poco más que chatarra.

Sobre Lozoya Austin pesa, además, un señalamiento por su presunta participación en la trama internacional de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.

En suma, confirmar las tesis de la fiscalía en el juicio a Robles Berlanga, podría marcar el inicio del derrumbe del pesado telón de impunidad que ha prevalecido por décadas en México, algo que bien merece-ría denominarse el comienzo de una etapa nueva en el país.