El martes por la tarde elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al abogado Juan Collado Mocelo y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, donde quedó a disposición del juez Jesús Eduardo Vázquez Rea. Ayer por la mañana, el juez dictaminó que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso, otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) seis meses para concluir la investigación complementaria y dictó la prisión preventiva oficiosa al acusado, debido a que los delitos que se le imputan no permiten su libertad bajo fianza.

De acuerdo con la FGR, la orden de aprehensión contra el litigante y empresario deriva de una denuncia por participar en una organización delictiva dedicada a la suplantación de identidad para adquirir bienes y luego ocultar los ingresos ilegalmente adquiridos en el sistema financiero nacional, en la cual están involucrados como cómplices José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, todos requeridos por la justicia.

Para dimensionar el significado que tiene la detención de Collado Mocelo, debe considerarse que entre sus clientes se cuentan el ex presidente Enrique Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, Mario Ruiz Massieu, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Carlos Ahumada, Rosario Robles Berlanga y el líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, con quien se encontraba comiendo en el momento de su detención. En suma, se trata de un personaje estrechamente vinculado con integrantes prominentes del régimen neoliberal, un vínculo que al parecer rebasa lo profesional o anecdótico: de acuerdo con Sergio Hugo Bustamante, quien presentó ante el Ministerio Público una de las denuncias que llevaron a la detención de Collado, éste fungía como testaferro del mencionado Peña Nieto, del también ex mandatario Carlos Salinas de Gortari y del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quienes serían los verdaderos dueños de Caja Libertad, la entidad financiera usada por el abogado para efectuar operaciones de lavado de dinero (como se conoce coloquialmente a ocultar en el sistema financiero ingresos adquiridos de manera ilegal).

Lo que la detención del poderoso abogado saca a la luz trasciende con mucho sus presuntas actividades y obliga a plantear dos consideraciones: la primera es que con la denuncia de Sergio Bustamante se abulta el registro de señalamientos que en meses recientes han implicado a Enrique Peña Nieto en actos ilícitos, pues cabe recordar que su nombre también salió a relucir en la investigación seguida al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, en el juicio realizado en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, así como en declaraciones recientes del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.

Adicionalmente, gracias a diversas investigaciones periodísticas realizadas durante el sexenio pasado y a los datos revelados durante el presente por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, han llegado al conocimiento de la ciudadanía toda suerte de quebrantos perpetrados contra el Estado –algunos de los más notorios son el robo de combustible a Pemex, la denominada estafa maestra o las condonaciones fiscales irregulares por casi 2 billones de pesos– sin que hasta el momento se haya señalado a los responsables.

Así, por una parte, se tiene una serie de señalamientos contra quienes ocuparon las instancias más altas del poder público en el pasado reciente y, por otra, un conjunto de casos de desfalcos a gran escala sin aparentes culpables. Con estos indicios, resulta ineludible que la Fiscalía General de la República emprenda una investigación no de casos individuales, como se han presentado hasta ahora, sino de todo el esquema de corrupción que llevó a niveles insólitos de descomposición institucional, pues sólo de esta manera será posible despejar las sospechas existentes o dar cauce a un megaproceso para terminar con la estela de impunidad con la cual se ha saldado hasta ahora la inmensa mayoría de dichos episodios.

Por último, debe recordarse que, al margen de las posturas presidenciales referentes a evitar la corrupción en el futuro sin emprender una persecución contra quienes hayan incurrido en ella en el pasado, la Fiscalía cuenta con la autonomía para emprender esta tarea, lo cual no sólo es su obligación, sino una perentoria exigencia social.