Ciro Murayama*

Hace 30 años, en 1989, Baja California se erigió como un faro en la democratización de México: fue el primer estado donde ocurrió un triunfo opositor en la elección a la gubernatura. De entonces a la fecha el cambio político local es la caraterística dominante: sólo en las 35 elecciones a gubernaturas celebradas entre 2015 y 2019, en 23 han ganado candidatos de partidos opositores, un índice de alternancia de 69.7 por ciento.

Hoy Baja California es un contraejemplo de abuso contra el respeto al sufragio y a la legalidad. La decisión del Congreso local de ampliar el periodo de mandato del gobernador electo de dos a cinco años, con el aval de tres de los cinco ayuntamientos, debe ser corregida en el contexto del Estado de derecho.

Desde 2014 se publicaron las reformas constitucionales a la Carta Magna de Baja California en las que se establecía que el gobernador electo en 2019 iniciaría funciones el primero de noviembre de este año y concluiría el 31 de octubre de 2021. Ello, con el fin de homologar en el futuro la elección de esa gubernatura con la celebración de comicios federales. Lo mismo ocurrió en otras entidades, donde ya se han electo gobernadores por periodos de dos años, como en Veracruz y Puebla (2016-2018), sin contratiempo alguno.

Pero en Baja California, una vez arrancado el proceso electoral 2018-2019, cuando el Instituto Electoral local emitió la convocatoria a la gubernatura, se presentaron impugnaciones respecto al periodo de ejercicio del Ejecutivo local. El Tribunal Electoral del estado dio la razón a los quejosos ampliando, en contra de lo previsto en la Constitución desde 2014, el periodo del gobernador a cinco años. Intervino entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en marzo enmendó el asunto incluso sin entrar al fondo: la demanda fue presentada fuera de manera extemporánea y por tanto se desechó (sentencia SUP-JRC-5/2019 y acumulados). Así que la convocatoria quedó firme.

Ya en abril, Jaime Bonilla Valdez, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, interpuso recurso de inconformidad contra el registro de su candidatura (así como se lee) a efecto de controvertir el plazo de dos años que duraría el cargo para que se postuló. Otra vez, el Tribunal Electoral local ignoró la reforma constitucional firme y concedió la pretensión del político, pues ordenó una adenda a la convocatoria de la gubernatura en la que se estableciera que su periodo de gestión se incrementaría ya no a cinco, sino a seis años.

El PAN y el PRI se inconformaron, de nuevo, ante el TEPJF y la Sala Superior volvió a revocar la decisión del tribunal local. Quedó claro que se votaría para un gobernador de dos años. En esas condiciones los bajacalifornianos fueron a las urnas y, con claridad, otorgaron ese mandato, por ese periodo de tiempo, a Jaime Bonilla.

Ya con la constancia de gobernador electo para el periodo 2019-2021, Bonilla logró que el Congreso saliente, con mayoría de diputados que no son de su partido, ampliara la duración del periodo para el cual fue electo. Los cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, no así el de Mexicali, culminaron la burda operación.

Corresponde ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación deshacer el entuerto. De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución general los partidos políticos pueden interponer acciones de inconstitucionalidad contra decisiones legislativas locales en materia electoral. A los actores políticos les honraría llevar mano en el combate al atropello que quiere imponerse sobre los bajacalifornianos.

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