Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dio a conocer que la institución a su cargo investiga 4 mil 345 quejas por presuntas violaciones cometidas dentro de los reclusorios capitalinos. Los abusos registrados entre enero de 2018 y mayo pasado –28 por ciento de los cuales habrían sido cometidos durante los primeros cinco meses del actual gobierno– incluyen tortura, malos tratos, abusos, así como afectaciones a la vida, integridad física y sicológica, al derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad, entre otros. A lo anterior se suma la ausencia de mecanismos para reparar daños por violaciones al derecho a la salud, una afectación que se traduce incluso en la pérdida de extremidades.

Uno de los aspectos más graves reside en que tales conductas se habrían perpetrado con la participación directa o al menos la anuencia de la autoridad penitenciaria, así como en el hecho de que más de la mitad de los testimonios consignan la omisión o abstención de otorgar una adecuada protección física y sicológica.

Para colmo, las prisiones reproducen y magnifican las formas de discriminación vigentes en la sociedad, por lo que los perjuicios se acumulan sobre los grupos más vulnerables por motivos de orientación sexual, identidad de género o discapacidad, de lo que dan cuenta las querellas presentadas por integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual.

Se trata de un panorama bien conocido, en el cual se abre una brecha ilegal entre la sanción prevista por la justicia y las dificultades que efectivamente padecen los internos. Estas disfunciones del sistema penitenciario hacen que las penas de internamiento, por las cuales se busca apartar temporalmente a un individuo de la sociedad a fin de evitar un riesgo social y procurar su reinserción, degeneren en una serie de castigos físicos y sicológicos que no están contemplados en la ley y ésta prohíbe de forma explícita.

Frente a tal distorsión del propósito de las prisiones, debe recordarse que la Estrategia de Paz y Seguridad presentada por la presente administración federal contiene la promesa de dignificar los centros penitenciarios a fin de que éstos provean las condiciones para la reinserción social de los internos.

El cumplimiento de dicha promesa es de obvia urgencia: una sociedad que aspira a un estado de derecho y a una condición mínimamente humana no puede desentenderse de los presos ni encarnizarse con ellos sino, por el contrario, procurar por todos los medios su reinserción plena, para lo cual es condición indispensable el respeto a sus derechos.

De otra manera se les envía desde el propio Estado el mensaje de que la ley puede ser quebrantada.