Alejandra Marquina*

La dificultad en el cumplimiento de los laudos burocráticos no es nueva. La mayor parte de los burócratas que deciden entablar un juicio por el socorrido despido injustificado, están en la creencia que basta con ganar el juicio; sin embargo, falta materializar esa sentencia.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que el procedimiento para resolver las controversias que se sometan a su consideración, se reducirá a la presentación de una demanda, en forma oral u escrita, a la contestación respectiva y a una audiencia en la que se recibirán pruebas y alegatos de las partes y en la que se pronunciara resolución; no obstante, la cantidad de juicios entablados han conducido a que la resolución tarde, por lo menos, dos años.

Además, la ley burocrática, publicada hace más de 50 años, prevé para el cumplimiento de sus determinaciones medidas de apremio insuficientes: la Sala puede imponer multa hasta de mil viejos pesos ($1.00 actual); y para dictar las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes. A tan pocas herramientas para obligar a las entidades públicas, debe añadirse la gran cantidad de amparos que promueven las autoridades condenadas para evadirlas. Así, ese laudo es una burla para el trabajador que no consigue hacerlo efectivo.

El 1º de mayo pasado, se publicó la llamada reforma en materia de justicia laboral, en la cual se modifican varias leyes para modernizarlas; pero nuevamente se dejó de lado la ley burocrática en el tema de ejecución de sentencias. Y eso en nada ayuda a los miles de trabajadores gubernamentales que han sido despedidos en forma injustificada y que, probablemente, en muchos años no podrán ver satisfecha su pretensión de pago ni, mucho menos, de ser reinstalados.

Hay burócratas que durante años sólo se han dedicado a cobrar, a faltar, a hacer mal su trabajo y a darle la pésima fama que tienen la mayoría de las dependencias; pero también hay muchos otros que se esfuerzan día con día en realizar con esmero y dedicación las labores que les fueron encomendadas y más, que merecen ser reconocidos y no despedidos.

No actualizar la ley burocrática en tal aspecto genera desconfianza y decepción entre los justiciables que una vez creyeron en una institución y que, luego de años, ganan un laudo, pero no puedan materializar la condena decretada a su favor. Es una mayor burla que el propio despido.

Es indispensable reformar la ley burocrática para lograr la ejecución pronta de las resoluciones. Si el laudo favorable no puede ejecutarse, pierden credibilidad los órganos encargados de la impartición de justicia, tanto los burocráticos como el Poder Judicial Federal que los sanciona mediante el juicio de amparo. Al final, el trabajador sólo sabe que no se cumple su laudo, a pesar de las instancias jurisdiccionales recorridas.