El décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito falló ayer en contra del recurso de queja que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para impugnar la suspensión provisional que un juez federal otorgó al empresario del negocio de combustibles y propietario de Hidrosina, William Jorge Karam Bassab, contra la orden de aseguramiento de más de 30 cuentas bancarias. Como se recordará, con el telón de fondo del combate al robo de combustibles, la UIF detectó movimientos irregulares de fondos en las finanzas de esa empresa, por lo cual solicitó que sus cuentas bancarias fueran congeladas. Karam Bassab buscó y obtuvo un amparo en contra de esa posibilidad, ante lo cual la dependencia fiscal impugnó la suspensión lograda por Karam Bassab.

Llama la atención que en el alegato que sustenta el fallo de rechazo a la impugnación se argumente que ésta fue presentada por alguien que no acredita la representación legal de la UIF, a pesar de que la solicitud fue firmada por la directora de Procesos Legales de esa dependencia. El propio tribunal afirma que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera puede promover el amparo directamente por conducto de quien tenga asignada legalmente su representación, es decir, por quien esté facultado expresamente en la ley o reglamento aplicable, o bien pueden actuar en su nombre los delegados designados mediante oficio.

Ante lo expresado por la instancia jurisdiccional, resulta insólito que desconozca la facultad de la funcionaria que presentó el recurso. Es obvio que la tarea primordial de la Dirección de Procesos Legales de cualquier dependencia pública consiste precisamente en representarla y en litigar en su nombre.

Lo cierto es que el fallo del décimo octavo tribunal colegiado impide legalmente el esclarecimiento de los movimientos de fondos de las cuentas bancarias de Karam Bassaby de sus hermanos, distribuidas en Santander, Banco Mercantil del Norte, Inbursa, BBVA-Bancomer, Banamex, Scotiabank, Inverlat y otras instituciones bancarias. Con esta maniobra se pone un coto injustificable y sospechoso a la campaña gubernamental en curso en contra del huachicol y del tráfico de combustibles propiedad de la nación, una tarea que ha recibido el beneplácito de la mayor parte de la sociedad porque representa una acción real y profunda, la primera en décadas, para empezar a limpiar de corrupción el aparato gubernamental y para iniciar el combate a la delincuencia con un nuevo paradigma.

La investigación de las cuentas de los propietarios de Hidrosina resulta indispensable por cualquier ángulo que se le vea: para despejar una sospecha infundada o bien para dar lugar a un proceso penal. Y es tanto lo que está en juego con esta primera pesquisa por posibles manejos de lavado de dinero asociado al robo de combustibles en nuestro país, que la decisión judicial comentada sólo puede verse como un error monumental y grotesco o bien como algo peor: una muestra de corrupción y de complicidad en esa instancia del Poder Judicial y la expresión de una voluntad de encubrimiento y de obstrucción de la justicia.