Luis Raúl González Pérez*

La necesidad de ofrecer resultados inmediatos ante la crisis de inseguridad y violencia que México enfrenta, está por generar una serie de reformas constitucionales que, de concretarse, trivializarán el papel de nuestro máximo ordenamiento y contravendrán decisiones políticas fundamentales contenidas en el mismo, como la preminencia de los derechos humanos, el acotamiento de atribuciones y la subordinación de las instancias militares a las civiles, así como la existencia de un bloque de constitucionalidad en el que los tratados internacionales, así como la jurisprudencia y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos, son obligatorias para el país.

Más que emprender una reflexión seria y responsable que contribuya a generar una estrategia para dar respuestas integrales y efectivas a los problemas que se enfrentan, se presentan reformas tales como la ampliación de los delitos sujetos a prisión preventiva forzosa o el replanteamiento de la Guardia Nacional, como si la causa de que existan la inseguridad y la impunidad fuera una cuestión meramente normativa y la modificación constitucional la llave que cambiara el estado actual de cosas. Políticamente, pueden ser acciones coyunturalmente útiles, pero desde el ámbito de los derechos humanos y de la evidencia empírica generada en los 12 años pasados, es claro que son medidas que han demostrado lo limitado de sus alcances y efectos, que por sí mismas no van a solucionar la situación que pretenden atender y que, de manera directa o indirecta, han propiciado se vulneren derechos fundamentales.

Quienes promueven los cambios a la prisión preventiva omiten recordar que fue precisamente el uso excesivo e injustificado que en nuestro país se hizo de ese recurso durante muchos años lo que motivó, en buena medida, la reforma al sistema de justicia penal, además de que, en los hechos, no tuvo incidencia efectiva en abatir la impunidad o inhibir la criminalidad, ocasionando, en cambio, que un número considerable de personas inocentes estuviera privada de su libertad injustamente. Constitucionalmente, la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y, con el marco normativo actual, todos los delitos respecto de los cuales se plantea la reforma constitucional, podrían ser objeto de prisión preventiva, siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicitara al juez, sustentando debidamente su petición.

El problema no son las normas, sino el incumplimiento que se da de las mismas, en particular por parte de las autoridades, que no observan sus deberes constitucionales. Ningún sistema de justicia penal dará los resultados que la sociedad demanda en tanto no se le dote de la infraestructura y recursos administrativos necesarios para su implementación efectiva y sus operadores no se capaciten y ejerzan sus atribuciones a cabalidad y en forma debida.

Por otra parte, expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas a la seguridad pública tampoco reducirá la violencia ni generará mayor seguridad, no existiendo justificación alguna para que, con base en dicha atribución, adicionalmente se pretenda que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, o centralicen la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Todo ello es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si bien el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 incluye varios aspectos preventivos y de construcción de paz, con los que se coincide, sin embargo, lo que se busca constitucionalizar son sólo los aspectos reactivos, sustentados en el uso de la fuerza. Construyamos la paz y la seguridad sin riesgo del respeto a derechos humanos.

El 102 aniversario de la Constitución nos da la pauta para revalorar y reafirmar el papel de nuestro máximo ordenamiento como el referente normativo que posibilite nuestra convivencia y la concreción de un proyecto común de Nación, con principios y valores compartidos, así como reglas claras para la convivencia social y la interacción institucional. No perdamos la oportunidad de reafirmar el valor que es intrínseco a la Constitución y prevenir que se degrade, banalizando su importancia y privando de significación y sentido a sus contenidos.