El gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, parece haber llegado a un callejón sin salida tras el rechazo social y parlamentario al plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que la gobernante consiguió tras año y medio de arduas negociaciones con las autoridades de la Europa comunitaria.

El documento fue reprobado en el parlamento por 432 votos contra 202, y repudiado en las calles por manifestantes de ambos bandos: tanto los adversarios del Brexit como los partidarios de romper con la UE salieron a las calles de Londres para oponerse al plan; los primeros, porque consideran que éste conlleva demasiadas concesiones del reino; los segundos, porque defienden la permanencia del país en el bloque europeo.

Por su parte, el líder de la oposición laborista en el Parlamento, Jeremy Corbyn, anunció que presentará una moción de censura contra el gobierno de May, cuya excepcional torpeza política ha colocado a Gran Bretaña en una situación insostenible e incierta, toda vez que Bruselas ha advertido que no hay margen para renegociar el acuerdo de divorcio, por lo cual la única manera de consumar la salida británica de la UE es mediante decisiones de facto en innumerables ámbitos económicos, financieros, comerciales, políticos y sociales, lo que conlleva el riesgo de generar un desorden mayúsculo en ambos lados del Canal de la Mancha.

De esta manera, el margen de maniobra del actual gobierno británico se ha reducido prácticamente a cero y el curso más probable de acontecimientos parece conducir a la caída de May y a una convocatoria a elecciones anticipadas.

Sin embargo, la realización de comicios legislativos y la conformación de un nuevo gabinete no resuelven por sí mismos la grave crisis a la que ha sido conducido el Reino Unido: está por verse cómo se gestionará la disyuntiva entre cumplir el mandato popular del 23 de junio de 2016, cuando se realizó el referendo en el que los ciudadanos británicos decidieron por estrecho margen (51.9 frente a 48.1 por ciento) que el país se desafiliara de la Unión Europea, o encontrar una manera política y legalmente presentable de desactivar ese problemático resultado.

Es probable que en los dos años y medio transcurridos desde entonces, cuando ha quedado de manifiesto lo tremendamente perjudicial y complicado que resulta la consumación del Brexit, la mayoría de los británicos se decantaría actualmente por permanecer en la UE. Pero está por verse si un nuevo gobierno podría ser capaz de encontrar una vía institucional para celebrar una nueva consulta electoral.

Lo cierto es que el empantanamiento político de Gran Bretaña constituye un peligro mayúsculo de inestabilidad financiera y económica para el propio Reino Unido, para Europa en su conjunto y, por extensión, para el mundo.