El gobierno de Ciudad de México publicó ayer un decreto mediante el cual se cancelan las disposiciones del Reglamento de Tránsito capitalino sobre sistemas tecnológicos para el control vehicular que dan pie a las repudiadas fotomultas. En el decreto se determina que se suspenden de inmediato las sanciones económicas o infracciones elaboradas con esos sistemas y que, en cambio, a partir de la segunda quincena de marzo las infracciones a los límites de velocidad, la invasión de los carriles para ciclistas y las vueltas prohibidas se castigarán con la pérdida de puntos en la placa del vehículo: cada semestre, los conductores capitalinos tendrán 10 puntos en sus placas y por cada violación al reglamento se les descontará uno. Las sanciones consistirán en la obligación del propietario de la unidad de realizar trabajo comunitario, según lo explicó el nuevo secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

La decisión de la administración que encabeza Claudia Sheinbaum es digna de reconocimiento por varias razones: en primer lugar, porque pone fin a un sistema que se prestaba a toda suerte de corruptelas y arbitrariedades; en segundo, porque era un correctivo ineficaz para quienes tuvieran los recursos para pagar las multas y discriminatorio para los conductores o dueños de vehículos de más bajos recursos; es decir, cualquiera que contara con el dinero suficiente podía violentar las disposiciones de tránsito de manera indefinida; en tercero, porque la sanción del trabajo comunitario resulta mucho más edificante, tanto para el infractor como para los beneficiados por tal castigo.

Debe considerarse que las fotomultas no son el único sistema privatizado de sanciones a los conductores; el otro es el uso de los inmovilizadores llamados arañas, un pingüe e inmoral negocio derivado de los parquímetros y que sería del todo innecesario si la intención gubernamental fuera obligar al infractor a pagar su multa, porque para ello basta con negar el servicio de verificación semestral a quienes tengan infracciones no cubiertas.

Cabe esperar, por ello, que la nueva administración urbana no se limite a las fotomultas, desmantele todos esos mecanismos coercitivos operados por compañías privadas y establezca, en cambio, medidas más transparentes, justas y positivas para inducir a los conductores de toda clase de vehículos a respetar el Reglamento de Tránsito y a manejar de manera responsable.

Sería deseable, asimismo, que se investigaran las circunstancias en que fueron entregadas las concesiones correspondientes, así fuera sólo para despejar las sospechas sociales en torno a ellas.

Es claro que además de la cauda de opacidad de la administración anterior, el actual gobierno urbano debe enfrentar un déficit cívico en el uso del espacio público en general, y que para ello se requiere un cambio de estrategia en las políticas públicas que puede resumirse en el uso mínimo de medidas de castigo y la máxima utilización posible de acciones de educación y concientización.

Si se logra operar ese cambio, Ciudad de México podrá recuperar mucha de la habitabilidad que ha perdido en los años recientes.