Bernardo Barranco

Trescientos curas depredadores, más de mil víctimas menores de edad. Es el saldo que arroja el estrujante informe de Pensilvania. De nuevo, un escándalo a escala planetaria. El papa Francisco dirige una valiente carta en la que otra vez se avergüenza y pide perdón.

La misiva bien intencionada e intensa ha perdido fuerza. Ya no tiene el impacto deseado ni la frescura buscada, pues es un acto que se ha repetido a lo largo de más de 15 años. Uno a uno, los escándalos asechan la credibilidad de una institución cuya materia prima son los valores y el testimonio. Los perdones se remontan a Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Los mensajes han perdido la fuerza simbólica, la Iglesia católica ha fallado.

Francisco en su carta reconoce que la Iglesia no actuó a tiempo. Cita a Ratzinger, quien exclamó en 2005: ¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! [...] Señor, sálvanos. Sin embargo, las víctimas ya no quieren actos de contrición ni arrepentimientos, quieren justicia y acciones profundas que pongan fin a este flagelo. El papa Francisco en su carta responsabiliza al clericalismo que incluye a laicos; aquí es contundente: El clericalismo genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al abuso es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Sin embargo, medios y analistas le reprochan a Francisco que no ha hecho mucho para luchar contra la pederastia dentro de la Iglesia. Probablemente ha encontrado resistencias internas. Incluso entre sus colaboradores cercanos hubo tres cardenales, integrantes del C9, acusados de pederastia o encubrimiento, como George Pell, australiano; el chileno Francisco Javier Cardenal Errázuriz Ossa, señalado por haber encubierto al sacerdote pederasta Fernando Karadima, y el cardenal hondureño Óscar Madariaga por haber protegido a un cura buscado por la Interpol.

La corrupción espiritual de la Iglesia católica es global. Nadie se salva. De Estados Unidos a Bélgica, de Holanda a Brasil, de Chile a Irlanda y de México a Australia. El reproche no sólo es el abuso a menores, sino la red de complicidad, protección y encubrimiento de toda la estructura eclesiástica. Desde el obispo local hasta los dicasterios romanos, nadie queda libre de un código de omertá, silencio cómplice, hipocresía de un machismo sagrado, una masculinidad sacra de los sacerdotes que aspiran al poder sobe las almas para luego controlar las conciencias y, así, detentar el dominio sobre los cuerpos. En especial de los indefensos, la potestad patológica sobre el cuerpo de niños y niñas.

La novedad en los años recientes es la intervención de los gobiernos en las investigaciones y denuncias. Me explico. En 2012, el epicentro estalla en Boston con la investigación periodística de The Boston Globe. A partir de entonces los medios de comunicación jugaron un papel determinante en la denuncia de la pedofilia clerical en todo el mundo. Periodismo de investigación, reportajes, entrevistas, libros y redes.

Tan sólo en México recordemos el papel de CNI Canal 40, la revista Proceso y La Jornada que se distinguieron por dar cabida a las víctimas y denunciar a los depredadores. Desde Marcial Maciel hasta Nicolás Aguilar. En la actualidad se han sumado, aquí la novedad, la intervención de estructuras gubernamentales como fiscalías, ministerios, comisiones. Es decir, son investigaciones de Estado sobre la pederastia cuyo alcance es mucho mayor. Tales son los casos de las pesquisas en Irlanda, Australia, Chile y ahora Pensilvania. Utilizan la documentación confiscada de los archivos de la propia Iglesia. En Chile, el gobierno procedió mediante un allanamiento de los archivos eclesiásticos, y explica el fiscal Luis Torres que tal procedimiento se debe a la atmósfera social que clama veracidad en las investigaciones, que han inculpado a 159 religiosos. En México estamos muy lejos de que el gobierno se comprometa a investigar a fondo los abusos clericales. Por el contrario, la PGR ha ocultado información a los demandantes encabezados por Alberto Athié, referente a los casos revelados por el cardenal Norberto Rivera en diciembre de 2016. Se refirió a 16 casos de curas pedófilos; sin embargo, la PGR con argucias leguleyas mantiene bajo reserva. En otras palabras, el Estado mexicano se convierte en encubridor. No quiere o no se atreve a denunciar la pederastia clerical en México, y se convierte de facto en instrumento de impunidad.

Las palabras ya no bastan, hacen falta acciones contundentes. Como escribió el cardenal Sean O’Malley, de Boston, los católicos han perdido la paciencia con nosotros y la sociedad civil ha perdido la confianza en la Iglesia