La inauguración del Primer Foro por la Pacificación y la Reconciliación, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue una primera muestra de las dificultades que habrá de enfrentar la estrategia que aplicará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien desde hoy asume la condición de presidente electo, para hacer frente a la inseguridad, la violencia y la delincuencia descontrolada en que se encuentra el país y buscar modalidades de esclarecimiento y justicia para los más de 100 mil asesinados entre 2006 y el presente año, reparación del daño para los deudos y curso legal a las decenas de miles de desapariciones forzadas ocurridas en ese lapso.

El primer dato a considerar es que los familiares de las víctimas no cupieron en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el que se llevó a cabo el encuentro, lo que da una idea de la magnitud del problema a resolver y de la necesidad de buscar mecanismos de registro e inclusión de todos los afectados para escuchar todas las voces y poder construir un proceso de pacificación verdadero y realmente justo.

Por otra parte, aunque la crisis demanda la participación de las autoridades de todos los niveles, algunas de ellas ostentan un déficit de credibilidad ante sectores agraviados de la sociedad, como lo pusieron de manifiesto las protestas en contra del gobernador chihuahuense, Javier Corral, presente en el encuentro.

Pese a todo, el foro marca el inicio del viraje radical al que está obligado el país en las materias de seguridad, restablecimiento del estado de derecho, procuración de justicia, combate a la delincuencia organizada –particularmente, la dedicada al narcotráfico–, derechos humanos y reparación del tejido social. La extensión, la complejidad, la intensidad y la vesania de las confrontaciones que tienen lugar hacen patente el agotamiento de los modelos aplicados en esos ámbitos por sucesivos gobiernos, especialmente por el anterior y el que está por concluir.

En tal circunstancia es insoslayable examinar y poner a debate todas las ideas, incluidas algunas sin duda polémicas, como amnistías a primodelincuentes con infracciones no graves y la despenalización de drogas hoy ilícitas. Se debe escuchar todas las propuestas y a todos los sectores si se pretende construir estrategias capaces de restaurar la paz. Y ese es precisamente el ejercicio que se inició ayer en la ciudad fronteriza y que habrá de repetirse en otras 16 localidades del país de aquí al 24 de octubre.

Debe considerarse que el proyecto del gobierno entrante plantea atacar la raíz de los fenómenos de descomposición social y económica que han generado el auge delictivo –la pobreza, la marginación, el desempleo, el vaciamiento del campo, la desintegración social, la falta de espacios educativos para cientos de miles de jóvenes, entre otros–, pero ello no basta. Se requiere, además, ofrecer a deudos y víctimas vivas una justicia transicional y se necesita hacer frente a la criminalidad en el corto plazo. Ayer, en el encuentro de Ciudad Juárez, se dio un primer paso en la dirección correcta. Cabe esperar que el proceso fluya y que para el próximo primero de diciembre el nuevo gobierno tenga una propuesta consensuada y sólida que le permita a México hacer justicia y recuperar la paz.